Empecemos por recordar que se denomina "despido objetivo" a aquel que se basa en una de las "causas objetivas" enumeradas en el art. 52 del Estatuto de los Trabajadores (aprobado en Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; en adelante ET), y que, con mayor frecuencia, tiene su fundamento en la prevista en el apartado c) de dicha norma, que remite a las causas que justifican el despido colectivo, a saber, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Será el artículo 51.1 del ET, tras su última reforma, el que defina actualmente estos conceptos:
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
Por otra parte, una vez constatada la concurrencia de alguna de las causas anteriores, la empresa debe, según lo dispuesto en el art. 53.1 del ET, cumplir tres requisitos "formales" o de procedimiento a la hora de ejecutar este tipo de despido:
1.- Comunicar por escrito al trabajador la decisión expresando la causa o causas que la motivan.
2.- Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
3.- Conceder al trabajador un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal hasta la fecha de efectos del despido.
El artículo citado permite al empresario, no obstante, cuando el despido se fundamente en la causa económica, eludir el requisito de poner a su disposición el importe de la indemnización. Dice textualmente que:
Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
En algunas ocasiones se ha observado que las empresas han justificado el no poner a disposición del trabajador la indemnización del despido objetivo con las propias circunstancias económicas que motivan el despido, sin hacer mayores precisiones. Entendemos que se trata de un error que puede tener grandes consecuencias en la práctica ya que el Tribunal Supremo distingue entre dichas circunstancias económicas por un lado, y la falta de liquidez al momento del despido, por otro, siendo ésta última la que dispensa, por imposibilidad, de cumplir con el citado requisito.
Veamos lo que el Alto Tribunal estableció en su Sentencia de 25/1/2005 que resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina sobre esta precisa materia:
Hemos de comenzar por distinguir la mala situación económica de la empresa -que constituye una causa objetiva del despido a tenor del art. 52.c) del ET en relación con su art. 51.1- de la alegación por parte del empresario en el sentido de que carece de liquidez, para, con base en ello, eximirse de poner a disposición del empleado la indemnización correspondiente en el momento de la comunicación del cese, sin perjuicio de su obligación de satisfacerla en otro momento posterior, tal como permite el art. 53.1.b).II. Lo primero, es atinente al fondo del debate acerca de si está o no ajustada a derecho la decisión empresarial por la que el empleador acordó el cese del empleado, y tal cuestión no constituye el objeto del presente recurso. Sí, en cambio, debemos pronunciarnos aquí acerca del segundo de los problemas apuntados.
A este respecto, debe dejarse sentado que no basta con la mera afirmación empresarial acerca de su situación de falta de liquidez, sino que se precisa, además, su acreditación si el empleado la discute, pues el precepto últimamente citado, refiriéndose ya en concreto a la obligación de puesta a disposición de la indemnización en el momento que señala (esto es, independientemente de que la mala situación económica pueda o no justificar el despido objetivo), requiere que "como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización", pues cabe perfectamente la posibilidad de que, por adversa que fuere la situación económica de la empresa, pueda ésta, sin embargo, disponer de dinero suficiente para poner a disposición del despedido la correspondiente indemnización con simultaneidad a la comunicación del cese.
Como hemos visto, esta falta de liquidez al momento del despido, que puede darse o no junto con la situación económica que lo motive, debe, en primer lugar, alegarse específicamente en la carta de despido, y además, probarse en el probable caso que el trabajador discuta su existencia. Y respecto a la prueba, ésta será a cargo de la empresa por ser quien tiene, a priori, mayores facilidades para ello. Dice al respecto la misma Sentencia antes citada que:
No cabe duda acerca de que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la falta de liquidez de aquélla; situación ésta que -se insiste en ello- es independiente y no necesariamente coincide con la de su mala situación económica. Al alcance de la empresa, y no del trabajador, se encuentra la pertinente documentación (amén de otros posibles elementos probatorios, tales como pericial contable, testifical a cargo del personal de contabilidad, etc.) de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez, situación ésta que no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente al respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen resumirla realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador "ex" apartado 3 del art. 217 de la LECv.
Un despido realizado sin cumplir correctamente con el requisito de poner a disposición del trabajador la indemnización oportuna, o sin alegar y justificar debidamente la falta de liquidez que impida cumplir con dicha obligación cuando el despido tenga una causa económica, podrá dar lugar, en caso de impugnación por el trabajador, a una Sentencia que declare su improcedencia en aplicación de lo establecido en el art. 53.4 del ET.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
Por otra parte, una vez constatada la concurrencia de alguna de las causas anteriores, la empresa debe, según lo dispuesto en el art. 53.1 del ET, cumplir tres requisitos "formales" o de procedimiento a la hora de ejecutar este tipo de despido:
1.- Comunicar por escrito al trabajador la decisión expresando la causa o causas que la motivan.
2.- Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
3.- Conceder al trabajador un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal hasta la fecha de efectos del despido.
El artículo citado permite al empresario, no obstante, cuando el despido se fundamente en la causa económica, eludir el requisito de poner a su disposición el importe de la indemnización. Dice textualmente que:
Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
En algunas ocasiones se ha observado que las empresas han justificado el no poner a disposición del trabajador la indemnización del despido objetivo con las propias circunstancias económicas que motivan el despido, sin hacer mayores precisiones. Entendemos que se trata de un error que puede tener grandes consecuencias en la práctica ya que el Tribunal Supremo distingue entre dichas circunstancias económicas por un lado, y la falta de liquidez al momento del despido, por otro, siendo ésta última la que dispensa, por imposibilidad, de cumplir con el citado requisito.
Veamos lo que el Alto Tribunal estableció en su Sentencia de 25/1/2005 que resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina sobre esta precisa materia:
Hemos de comenzar por distinguir la mala situación económica de la empresa -que constituye una causa objetiva del despido a tenor del art. 52.c) del ET en relación con su art. 51.1- de la alegación por parte del empresario en el sentido de que carece de liquidez, para, con base en ello, eximirse de poner a disposición del empleado la indemnización correspondiente en el momento de la comunicación del cese, sin perjuicio de su obligación de satisfacerla en otro momento posterior, tal como permite el art. 53.1.b).II. Lo primero, es atinente al fondo del debate acerca de si está o no ajustada a derecho la decisión empresarial por la que el empleador acordó el cese del empleado, y tal cuestión no constituye el objeto del presente recurso. Sí, en cambio, debemos pronunciarnos aquí acerca del segundo de los problemas apuntados.
A este respecto, debe dejarse sentado que no basta con la mera afirmación empresarial acerca de su situación de falta de liquidez, sino que se precisa, además, su acreditación si el empleado la discute, pues el precepto últimamente citado, refiriéndose ya en concreto a la obligación de puesta a disposición de la indemnización en el momento que señala (esto es, independientemente de que la mala situación económica pueda o no justificar el despido objetivo), requiere que "como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización", pues cabe perfectamente la posibilidad de que, por adversa que fuere la situación económica de la empresa, pueda ésta, sin embargo, disponer de dinero suficiente para poner a disposición del despedido la correspondiente indemnización con simultaneidad a la comunicación del cese.
Como hemos visto, esta falta de liquidez al momento del despido, que puede darse o no junto con la situación económica que lo motive, debe, en primer lugar, alegarse específicamente en la carta de despido, y además, probarse en el probable caso que el trabajador discuta su existencia. Y respecto a la prueba, ésta será a cargo de la empresa por ser quien tiene, a priori, mayores facilidades para ello. Dice al respecto la misma Sentencia antes citada que:
No cabe duda acerca de que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la falta de liquidez de aquélla; situación ésta que -se insiste en ello- es independiente y no necesariamente coincide con la de su mala situación económica. Al alcance de la empresa, y no del trabajador, se encuentra la pertinente documentación (amén de otros posibles elementos probatorios, tales como pericial contable, testifical a cargo del personal de contabilidad, etc.) de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez, situación ésta que no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente al respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen resumirla realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador "ex" apartado 3 del art. 217 de la LECv.
Un despido realizado sin cumplir correctamente con el requisito de poner a disposición del trabajador la indemnización oportuna, o sin alegar y justificar debidamente la falta de liquidez que impida cumplir con dicha obligación cuando el despido tenga una causa económica, podrá dar lugar, en caso de impugnación por el trabajador, a una Sentencia que declare su improcedencia en aplicación de lo establecido en el art. 53.4 del ET.
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