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Mostrando las entradas etiquetadas como Acomiadament

¿Se debe demandar a la empresa usuaria en el despido de un trabajador contratado por ETT?

Se trata de una cuestión de legitimación pasiva en el procedimiento laboral y que no es extraña ver planteada en los Tribunales, puesto que, generalmente por la empresa usuaria se alega no tener relación contractual directa con el trabajador por lo que se formula una excepción de falta de legitimación cuando la cesión del trabajador se ha efectuado legalmente .  No obstante, siendo cierto lo anterior, la empresa usuaria sí tiene responsabilidad respecto al pago de la indemnización que pudiera corresponder al trabajador en caso de que le sea estimada la demanda de impugnación del despido, y ello es así porque se establece legalmente dicha responsabilidad en el art. 16.3 de la Ley 14/1994 , de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, que textualmente dispone, a día de hoy, lo siguiente: La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato ...

El derecho del trabajador a la interrupción de la actividad laboral

El art. 21.2 de la vigente Ley de Prevención de Riesgos laborales establece que el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. No obstante el ejercicio de este derecho puede colisionar con la facultad de dirección del trabajo que corresponde al empleador , que podría llegar a sancionar con un despido disciplinario al trabajador por considerar que no concurren los requisitos legales en un caso concreto. Cabe señalar que respecto de la desobediencia como causa de despido tiene dicho la Jurisprudencia (TSJ Canarias 25-3-19, AS 8) que para que la indisciplina o desobediencia sea tributaria del despido, no sólo es necesario sea considerada grave y culpable, sino además injustificada , de modo que es posible hablar del "ius resistentiae" del trabajador. Así, aunque la regla general es "solve et repete" , que ...

Volver a conducir tras una sentencia penal

El Código Penal contempla como pena (art. 47) la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la cual podrá tener una duración de entre 3 meses y 10 años (art. 40.2), por lo que dicha pena tendrá diversa gravedad según su duración (art. 33) : Grave : entre 8 años y 1 día y 10 años ; Menos grave : entre 1 año y 1 día y 8 años ; Leve : entre 3 meses y 1 año . Es importante resaltar que cuando la pena tenga una duración superior a dos años comportará la pérdida del permiso de conducir , diferenciación que conlleva distintas consecuencias administrativas que luego veremos. La norma se integra, en cuanto a los conceptos de vehículos a motor y ciclomotores , con lo que dispone la normativa de tráfico; en la actualidad, las deficiones se encuentran en el Anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos . La pena está contemplada como medida de seguridad (art. 105.2.b), pero también como pena...

El TJUE es pronuncia sobre les clàusules de venciment anticipat

Hui, 26/3/2019, s'ha dictat Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Gran Sala) en els procediments acumulats C‑70/17 i C‑179/17, els quals han tingut lloc com a conseqüència de dues sol·licituds de decisió prejudicial elevades al citat Tribunal per part de la Sala del Civil del Tribunal Suprem d'una banda, i per part del Jutjat de Primera Instància 1 de Barcelona, d'altra, i tenen per objecte la interpretació de la Directiva 93/13/CEE en relació a les que es venen denominant com a clàusules de venciment anticipat.  La Sentència, tot i que, com s'ha de vore, efectua una interpretació que en principi hauria d'anteposar l'interès del consumidor , està sent celebrada des de l'àmbit financer perquè obri la porta a integrar el contracte, una vegada declarada la nul·litat de la clàusula, amb el Dret intern, el que suposarà admetre les execucions hipotecàries per l'impagament de tres quotes, segons estableix la Llei d'Enjudiciament Civil . ...

El TEAR anula una liquidación por falta de notificación a uno de los cónyuges

Hoy traemos al blog una interesante Resolución del TEAR de la Comunitat Valenciana de fecha 22/5/2018, en la que se estima la Reclamación Económico-Administrativa interpuesta contra una liquidación provisional de IRPF derivada de un procedimiento de comprobación limitada seguido por la Agencia Tributaria; y lo hace sin entrar en el fondo del asunto puesto que el propio TEAR, de oficio, aprecia una infracción procedimental que ocasiona indefensión al contribuyente, consistente en que, tratándose de una autoliquidación conjunta, el procedimiento se haya seguido sin notificación a uno de los cónyuges. Reproducimos a continuación parte de sus Fundamentos (énfasis añadido): TERCERO.- Con carácter previo a revisar cualquier cuestión de fondo, se hace necesario examinar si el procedimiento de gestión se desarrolló siguiendo los requisitos que establece la normativa tributaria, cuestión que se suscita a la luz de las facultades de revisión reconocidas a este Tribunal por el artículo 237.1 ...

Els terminis per executar Sentències d’acomiadament improcedent

Com a regla general una vegada dictada una Sentència d’acomiadament estimatòria que declare improcedent l'extinció empresarial, la mateixa contindrà una condemna a l’empresa que serà alternativa: 1.- Readmetre al treballador en les mateixes condicions que tenia al moment de l’acomiadament amb l’abonament dels salaris deixats de percebre pel treballador fins la data de la readmissió. 2.- Indemnitzar al treballador en la quantia legalment establerta que, normalment ja ve calculada a la Sentència sense tindre l’obligació, en este cas, d’abonar salaris de tramitació. Doncs bé, l’empresa (en determinats casos serà el treballador) tindrà un termini de cinc dies (que coincideix amb el termini legal per anunciar el recurs de Suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia) per elegir entre les dues opcions abans esmentades, tenint en consideració que si es deixa passar el termini s’entendrà que opta per la readmissió. Per al cas que l’empresa no faça l’opció dins del ...

La inmovilización como tratamiento médico en el delito de lesiones

El Código Penal regula en el art. 147.1 el tipo básico del delito de lesiones diciendo que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Por otra parte, el mismo precepto, en el apartado 2, tipifica el delito leve de lesiones (equivalente a la anterior falta de lesiones) estableciendo que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses . Como vemos, la principal diferencia entre ambos delitos es que las lesi...

Vos desitgem un Bon Nadal i pròsper 2019

Quan una nova relació implica la pèrdua del domicili

Es cas de ruptura de la relació matrimonial (i també extramatrimonial) la Llei regula l'establiment de les mesures que pertoquen en relació als fills, l'ús del domicili familiar, repartiment de càrregues de la família, i, si escau, la liquidació del règim econòmic de la parella, que es decidiran per un Jutge, o podran pactar els propis interessats mitjançant un acord que es podrà formalitzar inclús sense intervenció judicial davant un Notari quan no existisquen fills menors o no emancipats o amb la capacitat modificada i que depenguen dels seus progenitors.  Estes mesures són en essència modificables, bé per acord dels interessats, bé per decisió judicial, quan s'alteren substancialment les circumstàncies que es van considerar per decidir-les, sempre que, com té ben assentat el Tribunal Suprem, l'alteració siga substancial, es tracte d'un canvi estable i no merament ocasional o conjuntural, o esporàdic, que no siga buscat de propòsit per qui interessa la modifica...

Los supuestos de suspensión de penas privativas de libertad

Tal como dispone el art. 80.1 del CP, los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad mediante resolución motivada, disponiendo el art. 82.1 que dicha decisión se adoptará en la Sentencia de condena, siempre que ello sea posible, o una vez declarada la firmeza, a la mayor urgencia y previa audiencia a las partes. Dicha decisión podrá modificarse posteriormente ante una posible variación de las circunstancias valoradas, según establece el art. 85 del CP. A continuación pasamos a reproducir los esquemas de los distintos supuestos de suspensión que se establecen en el art. 80 del CP compuestos por una regla general a la que se añaden tres supuestos excepcionales. Una vez decidida la suspensión por cumplirse los requisitos previstos en dicho artículo, el Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las prohibiciones y deberes establecidos en el art. 83 del CP siempre que resulte necesario para evitar la reiteración del...

Qui paga el menjador escolar dels xiquets?

En cas de ruptura d'una relació es pot plantejar esta qüestió, que deuria ser resolta al conveni regulador o a la Sentència que fixe les mesures paternofilials de la separació o el divorci. Ara bé, pot donar-se el cas que les parts o el Tribunal no hagen fet cap previsió al respecte. En eixe cas, resulten d'aplicació les normes generals i la doctrina jurisprudencial que, en general, tenen reiterat que es tracta d'una despesa ordinària i, en conseqüència, el seu import quedaria inclòs en la pensió d'aliments, si la mateixa s'ha establert. En cas de custòdia compartida, si es pacta que ambdós progenitors es faran càrrec de les despeses ordinàries en el període que els corresponga conviure amb els xiquets, serà cadascun d'ells qui deurà assumir esta despesa en el citat període si considera convenient portar els fills al menjador escolar.  La nostra Audiència Provincial de València, concretament la secció desena, especialitzada en família, ha resolt esta qüestió en...

¿Quién debe pagar la comunidad tras una ruptura matrimonial?

Ha sido esta una cuestión discutida. La Sentencia del Tribunal Supremo que traemos hoy al blog estima un Recurso de Casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y da la razón a la esposa que defendía que dichos gastos corresponden a la sociedad de gananciales y que, habiéndolos abonado ella en exclusiva (tenía atribuído el uso y disfrute de la vivienda en cuestión), gozaba de un crédito contra la sociedad de gananciales. La Audiencia entendió, no obstante, que dichos gastos eran inherentes al uso de la vivienda y, en consecuencia, le correspondía a ella y no a la sociedad su pago. Dijo textualmente la Audiencia que: es jurisprudencia pacífica y unánime en las audiencias provinciales que los gastos de la Comunidad de Propietarios aunque sean responsabilidad de ambos cónyuges, por ser la casa ganancial, al estar atribuido su uso a los menores y a la madre en sentencia, las cuotas ordinarias cubren servicios que únicamente benefician a los menores y a la ...

És hàbil el mes d'agost per tal d'interposar recursos en fase d'instrucció?

Estableix l'art. 183 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que seran inhàbils els dies del mes d'agost per a totes les actuacions judicials, excepte les que es declaren urgents per les Lleis processals, afegint que el Consell General del Poder Judicial podrà, no obstant això, habilitar-los a efectes d'altres actuacions. Esta regulació, que és general, té les seues excepcions, i per el cas del Ordre Jurisdiccional Penal, la mateixa norma disposa, a l'art 184 que tots els dies de l'any i totes les hores són hàbils per a la instrucció de les causes criminals, sense necessitat d'habilitació especial. En idèntics termes es pronuncia l'art. 201 de la 299 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECRIM). I, respecte dels terminis processals, diu l'art. 185 de la LOPJ que els mateixos es computen d'acord amb el que disposa el Codi Civil i que en els assenyalats per dies quedaran exclosos els inhàbils.  Als efectes que ací ens ocupen direm que una p...

Suspensión condicionada de penas privativas de libertad y su revocación

El art. 80 del vigente Código Penal establece la posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad cuando concurran una serie de circunstancias previstas en dicho precepto y por un periodo de tiempo que puede alcanzar hasta los cinco años. En lo que nos atañe hoy, diremos que el mismo Código prevé que el Juez que conceda la suspensión, condicione la misma al cumplimiento de una serie de obligaciones por parte del penado, siempre que ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin resultar desproporcionado. Las obligaciones que pueden imponerse, con los matices previstos legalmente, son las siguientes (art. 83):  1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio.  2.ª Prohibición d...

Interromp la prescripció la sol·licitud de diligències preliminars?

La Llei d'Enjudiciament Civil (coneguda per les seues sigles LEC) contempla a l'art. 256 el que s'anomenen "diligències preliminars" i que són actuacions judicials que, a instància de part, venen a preparar un futur plet. Es relacionen a la norma una sèrie de diligències que suposen un "numerus clausus" (vol dir que no es poden acordar diligències distintes a les que la Llei preveu) i que, per posar un cas, serveixen per tal que el futur demandat o demandada exhibisca bens o documentació que puguen fonamentar una demanda posterior (per exemple el contracte d'assegurança en un cas de responsabilitat civil). El dubte sorgeix quan la Llei atorga un termini prescriptiu relativament breu per interposar una acció, respecte de si la tramitació d'este procediment de diligències preliminars interromp o no el termini de prescripció, ja que, en cas negatiu, i tenint em compte el temps de resposta mitjà dels Jutjats, l'acció podria veure's molt per...

Los contratos de crédito vinculados: especial referencia al caso iDental

Existen ocasiones en que ciertas empresas se ven obligadas a cerrar sus instalaciones y dejan a los consumidores sin haber terminado de realizar la prestación contratada, lo que puede tener lamentables consecuencias si, como en el caso de Idental, según ha denunciado el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (Icoev), se produce el abandono de tratamientos, pudiendo afectar a los cerca de 20.000 pacientes de las clínicas de dicha empresa abiertas en la provincia de Valencia, resultando que en muchos casos los consumidores habían suscrito créditos con Entidades financieras para costear esos tratamientos.  Sobre esta última cuestión diremos que los créditos ofrecidos a los consumidores tienen su regulación en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC en adelante), que entró en vigor el día 25/09/2011, derogando la anterior Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, y llevando a cabo la trasposición a Derecho interno de la Direc...

Clàusules Sòl: no sempre guanya el consumidor

De vegades es té una percepció generalitzada, especialment arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 9/5/2013, de que en matèria de clàusula sòl el consumidor sempre té les de guanyar. I això, que pot ser cert en una majoria de casos, no és sempre així. Per exemple, a la Sentència del Tribunal Suprem del 9/3/2017 (ECLI ES:TS:2017:788) es va obrir la porta a excloure l'aplicació de les normes de protecció del consumidor en els casos en que es demostrés una certa negociació entre l'Entitat i el client i va acabar validant la clàusula sòl.  En este cas el Jutjat de Primera Instància 1 de Teruel va desestimar la demanda argumentant que la clàusula havia estat redactada en la mateixa font de lletra que la resta de les clàusules i els percentatges es destacaven en negreta. Per altra banda, va valorar la prova practicada i va declarar que els prestataris van negociar la clàusula sòl i que fins i tot se'ls van lliurar uns quadres simulats d'amortització on es reflectia nec...

Audiencia Provincial de València: ¿es nula la comisión de apertura?

De Joanbanjo - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19519808 Los lectores de este blog habrán podido comprobar que desde hace un tiempo se viene hablando de la nulidad de la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios , la cual venía definida en la derogada Orden de 5/5/1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (sustituida, con efectos desde el 29/4/2012, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios) de la siguiente manera: Cualesquiera gastos de estudio del préstamo, de concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo, deberán obligatoriamente integrarse en una única comisión, que se denominará <comisión de apertura> y se devengará por una sola vez. Su importe, así como su forma y fecha de liquidación, se esp...