Daniel Revenga

Es una cuestión que se ha planteado en alguna ocasión en mi Despacho, sobre todo en procedimientos penales, la posibilidad de demostrar la verosimilitud de unas manifestaciones recurriendo a la "prueba del polígrafo" , comúnmente conocida como "detector de mentiras", un método utilizado para medir y registrar varios indicadores fisiológicos como la presión arterial, el pulso, la respiración y la conductividad de la piel mientras una persona responde a una serie de preguntas rastreando cambios fisiológicos en el cuerpo que pueden indicar estrés o nerviosismo . La citada "prueba", si bien podría ser introducida en un procedimiento como una pericial de parte, y al parecer, en algunos procedimientos se ha aceptado, e incluso es una prueba plenamente reconocida en algunos países (1), lo bien cierto es que no tiene aceptación por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo , por su dudosa constitucionalidad, ya que podría entenderse que "hurta" al Juez su l...

El artículo 20.e de la vigente Ley de Propiedad Horizontal establece que corresponde al Administrador actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad .  De dicho precepto parece desprenderse con claridad que cada uno de los vecinos de la comunidad de propietarios puede solicitar la documentación que estime conveniente al Administrador y éste tendría la obligación de ponerla a su disposición. Pero las cosas no son siempre como parecen. Respecto a lo que son documentos propios de la gestión económica de la comunidad, la jurisprudencia ha venido interpretando la norma citada, de forma tan discutible -a nuestro parecer- como continuada, en el sentido, en resumen, de que el Administrador es un órgano de la comunidad, y no de cada uno de los vecinos, sujeto a la Junta, de forma que sólo previamente a la adopción de algún acuerdo por dicha Junta, se podría solicitar la documentación relativa a los temas a tratar...

Siguiendo el art. 390 del Código Penal, la falsedad de un documento puede revestir alguna de las siguientes modalidades: 1ª Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.ªSimulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3ª Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 4ª Faltando a la verdad en la narración de los hechos. Cuando se trata de un documento privado, véase los arts. 395 y 396 del Código Penal, falsificarlo, con excepción de la modalidad 4ª, se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años, y, por otra parte, hacer uso del documento, a sabiendas de su falsedad, con el objeto de perjudicar a otra persona, o presentarlo en juicio, está penado con la pena inferior en grado. No obstante, hay que tener en cuenta que la falsedad de un documento privado ...

El beneficiario de la justicia gratuita, como norma general, no está obligado a abonar las costas procesales a que haya sido condenado judicialmente, salvo en el caso de que dentro del plazo de los tres años siguientes venga a mejor fortuna, y sea así declarado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Así lo dispone el art. 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que, en su texto vigente a día de hoy, establece lo siguiente: Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos p...

Ya lo habíamos avanzado, la Sentencia del TJUE de 16 de marzo de 2023, dictada en el asunto C-565/21, que respondía a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo respecto a las comisiones de apertura, tenía letra pequeña, y no era tan favorable para los consumidores como parecía, a juzgar por las noticias que aparecieron en la prensa no especializada en dicho momento. Sí, es cierto que el TJUE consideró que la comisión de apertura no formaba parte del precio y que por lo tanto procedía efectuar un juicio de abusividad, pero también lo es que resultaba bastante favorable a considerar "a primera vista" como no abusivas este tipo de cláusulas, dando un espaldarazo a la posición del Alto Tribunal español. Pues bien, el pasado 29 de mayo de 2023 se ha dictado la primera Sentencia del Tribunal Supremo que decide sobre esta cuestión tras la Sentencia del TJUE, se trata de la Sentencia 816/2023, en la que se viene a considerar esta cláusula como transparent...

El pasado 16 de marzo de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la Sentencia del asunto C-565/21, que tenía por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en relación a la comisión de apertura en los préstamos bancarios, basándose en que la dictada en el asunto C-224/19 y C-259/19 adolecía del hecho de que no había sido correctamente presentada la jurisprudencia del Tribunal Supremo por el órgano consultante.  Por parte de un sector de la prensa (no especializada) se ha interpretado esta Sentencia como un revés a la doctrina del Tribunal Supremo en la materia por cuanto ésta venía interpretando que la comisión de apertura formaba parte del contenido esencial del contrato y, por lo tanto, no podía ser objeto de un juicio de abusividad por lo dispuesto en el art. 4.2 de la Directiva 93/13. No obstante, entiendo que es una conclusión inexacta. Sí que es cierto que el TJUE considera esa jurisprudencia como contraria al citado a...

El art. 193.b de la LRJS permite, en el Recurso de Suplicación, revisar los hechos declarados probados, a la vista,  únicamente, de las pruebas documentales, puesto que el proceso social está configurado como de instancia única, por lo que los recursos siempre son extraordinarios, y no cabe, en general, un nuevo enjuiciamiento de las pruebas. Por ello, la revisión fáctica se acoge con recelo, y son numerosos los requisitos establecidos por la doctrina del Tribunal Supremo a la hora de formular una impugnación por esta vía. Un resumen de las exigencias generales para que prospere dicha impugnación lo tenemos en la Sentencia 737/2017, de 28 de septiembre, Roj: STS 3692/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3692, que reproducimos parcialmente a continuación:  [A)]  En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009 ), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009 ), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010 ), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un ...

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECRIM, prevé, en sus arts. 785.1 y 786.2, en el procedimiento abreviado, la posibilidad para las partes de aportar prueba documental al inicio de las sesiones del juicio oral. No obstante, existen momentos anteriores en los que es posible aportar ese tipo de prueba, por ejemplo, en los escritos de calificación. Por ello, en algunas ocasiones se ha podido estimar que la aportación en ese momento era "sorpresiva" o "extemporánea", razones por las que se inadmitía la prueba documental propuesta, sobre todo, en casos en que la misma era voluminosa o exigía tiempo para que la contraparte pudiera analizarla debidamente. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo que traemos hoy al blog, zanja esta cuestión y sienta una doctrina de la cual se desprende que este tipo de prueba en el juicio oral no puede inadmitirse por las razones antes expuestas, al tratarse de una posibilidad prevista legalmente y un derecho de defensa de las partes...

El art. 556 de la LEC regula las causas de oposición a la ejecución cuando se trata de ejecutar resoluciones procesales o arbitrales o los acuerdos de mediación, limitándolas al pago o cumplimiento de lo ordenado en el título, la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones habidos entre las partes, siempre que consten en documento público. Como vemos, la pluspetición no figura entre las causas de oposición , pero, ¿significa eso que no se puede alegar por el ejecutado? La cuestión no está exenta de polémica. El Recurso de Reposición no nos servirá porque el art. 551.4 de la LEC claramente señala que contra el Auto que despacha la ejecución "no se dará recurso alguno , sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado".  Así las cosas, para introducir esta alegación en el debate, resta analizar las causas de oposición por motivos procesales que se regulan de forma general el art. 559.1 de la LEC , pudiendo considerarse oportuna para estos casos ...

La cuestión no ha estado exenta de polémica, la cual ha girado en torno a la interpretación que había de darse al art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual establece una dispensa de la obligación de declarar a determinadas personas que ostentan ciertos grados de parentesco con el procesado, entre los que se encuentran su cónyuge o pareja de hecho. La reforma operada en el citado precepto por la Disposición Final primera de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con fecha de vigencia desde el 25 de junio de 2021 , trata de solucionar los aspectos más problemáticos de dicha regulación, en consonancia con la doctrina que había venido elaborando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo , especialmente la recogida en la Sentencia del Pleno número 389/2020, de 10 de julio . Establece el precepto ahora una serie de excepciones a la dispensa de la obligación de declarar , y en lo que toca al cónyuge...

Impuesta una multa en Sentencia penal, su impago ocasiona las consecuencias que determina el art. 53 del Código Penal (CP en adelante). Dice el primer párrafo de este precepto que: Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente. También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo En el caso de multa proporcional, el apartado tercero del mismo artículo, dice que los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de dura...

El Código Civil español (en adelante CC) regula la obligación de prestarse alimentos entre parientes en el título VI de su libro primero, dedicado a las personas, y que comprende actualmente los artículos 142 a 153. De dicha regulación podemos destacar, en lo que aquí nos ocupa, que la pensión de alimentos en favor de descendientes menores de edad, comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como su educación e instrucción, debiendo ser, la cuantía de dicha pensión proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. No obstante, esta regla, prevista para los alimentos en general, se ha matizado por vía jurisprudencial en el caso de menores de edad, en el sentido de establecer un límite mínimo de cobertura de las necesidades del menor, llamado generalmente "mínimo vital" , que no se vería afectado por la situación económica del progenitor que presta los alimentos, y que normalmente...

Hoy traemos al blog una interesante Sentencia de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 11 de junio de 2021, número 838. La misma trae causa de la impugnación que formuló el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba contra el acuerdo de la Junta de Jueces de Instrucción y Violencia sobre la Mujer de Córdoba en la que se venía a organizar la conducción de detenidos a las dependencias judiciales, estableciendo determinados turnos. El Recurso de Alzada previo fue desestimado por Resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que confirmó la decisión de la Junta. Aparte de otras cuestiones que se formularon por las partes y que el Alto Tribunal resuelve pormenorizadamente en su Sentencia, en ella se formula una consideración que entendemos que trasciende al concreto asunto planteado y que afecta a los d erechos de las personas que han sido objeto de detención gubernativa , puesto que está generalizado el estab...

El art. 21.2 de la vigente Ley de Prevención de Riesgos laborales establece que el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. No obstante el ejercicio de este derecho puede colisionar con la facultad de dirección del trabajo que corresponde al empleador , que podría llegar a sancionar con un despido disciplinario al trabajador por considerar que no concurren los requisitos legales en un caso concreto. Cabe señalar que respecto de la desobediencia como causa de despido tiene dicho la Jurisprudencia (TSJ Canarias 25-3-19, AS 8) que para que la indisciplina o desobediencia sea tributaria del despido, no sólo es necesario sea considerada grave y culpable, sino además injustificada , de modo que es posible hablar del "ius resistentiae" del trabajador. Así, aunque la regla general es "solve et repete" , que ...

Qué son las tarjetas revolving?  El Banco de España define este producto como un tipo de tarjeta en la que se dispone de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas. Éstas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que se pueden elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la Entidad. Su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se ‘renueva’ mensualmente : disminuye con los abonos que se hacen mediante el pago de las cuotas, pero aumenta mediante el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente . Esta peculiaridad tiene sus consecuencias. Por una parte, si se paga una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo , lo que puede derivar en tener que  pagar muchos inter...

Hoy traemos al blog una interesante Sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto esta pregunta. Se trataba del caso de una persona que, teniendo en vigor una prohibición de comunicación con la víctima, efectúa una llamada que no es contestada, pero de la cual queda constancia. ¿Se ha producido aquí una comunicación a los efectos de considerar quebrantada dicha prohibición? Caso de considerar la conducta constitutiva de delito, ¿lo sería en grado de tentativa o consumación?. Adelantamos ya que el Alto Tribunal considera que en estos casos sí se comete el delito de quebrantamiento, y en grado de consumación. Reproducimos a continuación la parte más relevante a estos efectos de la Sentencia de la Sala de lo Penal número 650/2019 , de 20 diciembre,  ECLI: ES:TS:2019:4218 (énfasis añadido): Como se razona en la sentencia impugnada, el acusado practicó todos los actos que objetivamente debían permitir la comunicación con la denunciante. Pues efectivamente realizó la llamada con una...

Siguiendo la Sentencia dictada por la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 25 de julio de 2019, ECLI ES:APV:2019:3471, ponente de la cual fue la Magistrada Doña Beatriz Ballesteros Palazón, vamos a analizar la doctrina de este Tribunal sobre las reclamaciones por abusividad de las cláusulas de imposición de gastos hipotecarios: 1.- Sobre si es posible la reclamación en casos de novación y ampliación de préstamo hipotecario. La Audiencia da la siguiente respuesta, reproduciendo una Sentencia de fecha 19 de junio de 2019 (rollo 2326/2018) de la misma Sala : El contrato público otorgado -como ya se ha enunciado supra es de compraventa con subrogación y modificación del préstamo hipotecario y con apoderamiento, donde la entidad prestamista no se limita a dar la autorización del cambio subjetivo del prestatario, sino que modifica las condiciones contractuales del préstamo para adecuarlas a al condición de consumidor del prestatario dado ser una persona física (p...