Daniel Revenga

En el día de hoy se ha dictado Sentencia del TJUE en el asunto C‑561/21, ECLI:EU:C:2024:362, en el que se viene a resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español sobre el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios.  Para quien no siga la polémica jurídica que ha envuelto desde el principio este tipo de reclamaciones, se ha distinguido en esta reclamación, dos acciones, una, la de la nulidad de la cláusula que imponía el pago indiscriminado de los gastos de las operaciones hipotecarias a los consumidores, que se ha considerado, con consenso, como imprescriptible, y otra, la de reclamación de la cantidad concreta pagada como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula, que sí tenía un plazo de prescripción. Hubo quien sostuvo que la reclamación de la cantidad era consecuencia directa de la nulidad y que no se trataba de una acción con sustantividad propia, y por lo tanto no había pl...

El pasado 16 de marzo de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la Sentencia del asunto C-565/21, que tenía por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en relación a la comisión de apertura en los préstamos bancarios, basándose en que la dictada en el asunto C-224/19 y C-259/19 adolecía del hecho de que no había sido correctamente presentada la jurisprudencia del Tribunal Supremo por el órgano consultante.  Por parte de un sector de la prensa (no especializada) se ha interpretado esta Sentencia como un revés a la doctrina del Tribunal Supremo en la materia por cuanto ésta venía interpretando que la comisión de apertura formaba parte del contenido esencial del contrato y, por lo tanto, no podía ser objeto de un juicio de abusividad por lo dispuesto en el art. 4.2 de la Directiva 93/13. No obstante, entiendo que es una conclusión inexacta. Sí que es cierto que el TJUE considera esa jurisprudencia como contraria al citado a...

Los familiares de españoles (o de nacionales de otros Estados de la Unión Europea) que ostenten la nacionalidad de un tercer país pueden residir en España por un período superior a tres meses, debiendo solicitar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. No obstante puede ocurrir que el titular de dicha tarjeta deje de tener la consideración de familiar al declararse el divorcio o la nulidad matrimonial.  En estos casos, el ciudadano de fuera de la Unión deberá comunicar esta circunstancia a las autoridades españolas y, como norma general y, con la regulación vigente a día de hoy, perderá el derecho de residencia , salvo que concurra alguno de los siguientes supuestos : a) Duración de al menos tres años del matrimonio , hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio o divorcio, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno de los años ha transcurrido en España. b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia...

Hui, 26/3/2019, s'ha dictat Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Gran Sala) en els procediments acumulats C‑70/17 i C‑179/17, els quals han tingut lloc com a conseqüència de dues sol·licituds de decisió prejudicial elevades al citat Tribunal per part de la Sala del Civil del Tribunal Suprem d'una banda, i per part del Jutjat de Primera Instància 1 de Barcelona, d'altra, i tenen per objecte la interpretació de la Directiva 93/13/CEE en relació a les que es venen denominant com a clàusules de venciment anticipat.  La Sentència, tot i que, com s'ha de vore, efectua una interpretació que en principi hauria d'anteposar l'interès del consumidor , està sent celebrada des de l'àmbit financer perquè obri la porta a integrar el contracte, una vegada declarada la nul·litat de la clàusula, amb el Dret intern, el que suposarà admetre les execucions hipotecàries per l'impagament de tres quotes, segons estableix la Llei d'Enjudiciament Civil . ...

Como bien saben los lectores de este blog, muchos han sido los pronunciamientos judiciales y muy diversos desde que se empezaran a reclamar por los consumidores a las Entidades Bancarias la devolución de los gastos correspondientes a los préstamos hipotecarios hasta que en Sentencia de 15 de marzo pasado, el Tribunal Supremo clarificó la doctrina aplicable a estas cuestiones. Por su importancia en la pràctica vamos a reproducir íntegramente los Fundamentos cuarto y quinto en los que se desgrana la cuestión, primero de forma general y después ya en concreto sobre el más polémico de los gastos, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.  CUARTO.- Pronunciamientos jurisprudenciales previos sobre la abusividad de las cláusulas de gastos en los préstamos hipotecarios 1.- La sentencia de esta sala 550/2000, de 1 de junio, trató la abusividad de la imposición al consumidor de los gastos generados por la constitución de una hipoteca para la financiación de adquisición de una vivienda, c...

¿Qué entiende un ciudadano lego en Derecho cuando se le propone prestar “aval” o “fianza” en un préstamo? Para responder a esta pregunta podemos ayudarnos del diccionario de la Real Academia Española, que nos da las siguientes definiciones:  Aval:   1. m. Garantía que alguien presta sobre la conducta o cualidades de otra persona. 2. m. Obligación que alguien adquiere de hacer aquello a lo que otra persona se ha comprometido, en caso de incumplimiento . Fianza: 1. f. Cantidad de dinero o bien material que se entrega como garantía del cumplimiento de una obligación. 2. f. Der. aval (‖ obligación). 3. f. Persona que abona a otra para la seguridad de una obligación. 4. f. desus. Cantidad de dinero asignada como renta u otro concepto. Como puede verse, la definición de fianza, en caso de obligaciones, se remite a la del aval, que se refiere a responder por otra persona cuando ésta ha incumplido una obligación . Quien avala, en el común de los casos, entenderá...

La intenció d'esta entrada, que s'anirà actualitzant periòdicament, és recopilar en un sol lloc les referències a les principals Sentències que es vagen fent públiques sobre el particular (el qual com és sabut, resulta hui força polèmic), aportant, cas que hi haja, enllaç a la pròpia resolució, a la nota de premsa del CGPJ o a la notícia en qüestió.   SJPI 5 JAÉN ¿28/3/2017? La sentència de Primera Instància 5 considera que les despeses de notaria i impost d'actes jurídics documentats corresponen al banc, que és qui «té interès en la inscripció i documentació pública del préstec (...) perquè així pot instal·lar en el seu cas a la execució de títol no judicial (...) Un préstec no necessita com a requisit de validesa entre les parts l'elevació a escriptura pública i la inscripció, i estes operacions són una garantia per al que presta els diners i la garantia real hipotecària. D'esta manera, a l'imposar al consumidor estes despeses de manera exclusiva sense un m...

Conforme a la doctrina del TS que vimos en la primera parte de este post, podemos decir que que a los contratos que contengan cláusulas suelo en que intervienen empresarios que no reunen la cualidad de consumidor se les aplicará:  1.- Un primer filtro, denominado “control de incorporación” y fundamentado en la LCGC, el cual resulta relativamente fácil de superar debido que se limita a comprobar que la redacción cumple las exigencias de claridad, concreción y sencillez de su art. 5.5. Se dice en la SAP de La Coruña 58/2017 (16 de febrero), a este respecto que: La claridad implica que las condiciones generales de significado fundamental para la economía del contrato se distingan sin dificultad dentro del clausulado contractual, o dicho de otra forma que no aparezcan ocultas o disfrazadas, volatilizadas entre otras, distrayendo los sentidos del adherente, de manera tal que no consiga tomar conciencia efectiva de su importancia y trascendencia. Existen condiciones que por su especia...

Empezaremos diciendo que en esta materia confluye la regulación contenida en dos Leyes españolas que son trasposición de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, en adelante LCGC, y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en lo sucesivo LGDCU, así como también el Derecho interno contenido en determinados preceptos del Código Civil y el Código de Comercio, desde ahora CC y CCOM respectivamente. La forma en cómo se relacionan inicialmente las dos primeras Leyes citades viene aclarada en la Exposición de motivos de la LCGC, que nos dice:  Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos co...