Daniel Revenga

En el día de hoy se ha dictado Sentencia del TJUE en el asunto C‑561/21, ECLI:EU:C:2024:362, en el que se viene a resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español sobre el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios.  Para quien no siga la polémica jurídica que ha envuelto desde el principio este tipo de reclamaciones, se ha distinguido en esta reclamación, dos acciones, una, la de la nulidad de la cláusula que imponía el pago indiscriminado de los gastos de las operaciones hipotecarias a los consumidores, que se ha considerado, con consenso, como imprescriptible, y otra, la de reclamación de la cantidad concreta pagada como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula, que sí tenía un plazo de prescripción. Hubo quien sostuvo que la reclamación de la cantidad era consecuencia directa de la nulidad y que no se trataba de una acción con sustantividad propia, y por lo tanto no había pl...

En esta entrada vamos a dar respuesta a dos cuestiones que se pueden plantear en la práctica. Esperamos ir ampliando la información en próximas entradas: 1.- ¿Qué plazo hay para solicitar la tasación de costas? El plazo según la doctrina del Tribunal Supremo es el mismo que el de la acción ejecutiva, esto es, cinco años desde que la resolución que condena en costas adquiere firmeza. En este sentido, en el Auto del Tribunal Supremo, de 1 de junio de 2010, ECLI:ES:TS:2010:7529A, ya se decía lo siguiente: Formulada la impugnación en tales términos y reconociendo la discrepancia existente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de las Audiencias, cabe decir que, si bien con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil el plazo de prescripción de la acción para reclamar la cantidad correspondiente era el previsto en el art. 1964 CC, de quince años (STS de 9 de febrero de 1998, recurso nº 1671/1990) al entender que se pretendía el cumplimiento de una obl...

En alguna ocasión se ha acordado el archivo definitivo de una ejecutoria, una vez cumplida la pena, por estimarse prescrita la acción para exigir la responsabilidad civil. La Audiencia de València, no obstante, ha revocado estas decisiones, siguiendo una línea jurisprudencial marcada, entre otras, por la Audiencia de Barcelona (Auto de 21/3/2016), degradando dicho archivo a provisional. Dice nuestra Audiencia (sección primera) en un Auto del que fue ponente el Magistrado D. Jesús Mª Huerta Garicano, que: Si ya se ha ejercitado la acción de responsabilidad civil y se ha dictado una sentencia que reconoce esa responsabilidad civil dimanante del delit o no se vuelve a ejercitar por el perjudicado una nueva acción civil para exigir el pago de dicha responsabilidad civil y así evitar que prescriba , puesto que ya se exigió y se reconoció un derecho de crédito en la sentencia objeto de ejecución . Incoada la ejecutoria se ha dado inicio a la ejecución de esa responsabilidad civil decl...

¿Qué son los Valores Santander? Banco Santander colocó en el año 2007 un producto denominado "Valores Santander" emitido por su sociedad Santander Emisora 150 SAU el 4 de octubre de 2007 por importe total de 7.000.000.000€, con 5.000€ de valor nominal, y cuya finalidad era la financiación de una operación de compra junto a Royal Bank of Scotland y Fortis del banco holandés Abn Amro, y que, en caso de prosperar dicha adquisición, como así ocurrió, se transformaban en obligaciones necesariamente convertibles en acciones del Banco Santander el 4 de octubre de 2012, (concediéndose la posibilidad a los inversores de llevar a cabo canjes voluntarios anticipados los días 4 de octubre de los años 2008 a 2011), a un precio de conversión del 116% del valor de cotización de las acciones en el momento de la transformación en obligaciones convertibles, que quedó establecido en 16,04€ pero que, como consecuencia de sucesivas ampliaciones de capital de la Entidad, finalmente fue de 12,96€....

La Llei d'Enjudiciament Civil (coneguda per les seues sigles LEC) contempla a l'art. 256 el que s'anomenen "diligències preliminars" i que són actuacions judicials que, a instància de part, venen a preparar un futur plet. Es relacionen a la norma una sèrie de diligències que suposen un "numerus clausus" (vol dir que no es poden acordar diligències distintes a les que la Llei preveu) i que, per posar un cas, serveixen per tal que el futur demandat o demandada exhibisca bens o documentació que puguen fonamentar una demanda posterior (per exemple el contracte d'assegurança en un cas de responsabilitat civil). El dubte sorgeix quan la Llei atorga un termini prescriptiu relativament breu per interposar una acció, respecte de si la tramitació d'este procediment de diligències preliminars interromp o no el termini de prescripció, ja que, en cas negatiu, i tenint em compte el temps de resposta mitjà dels Jutjats, l'acció podria veure's molt per...

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, publicada en el BOE el día 6 de octubre de 2015 y cuya entrada en vigor se produjo al día siguiente, vino a modificar el régimen de prescripción de las acciones civiles contenido en el art. 1.964 del Código Civil, el cual había permanecido incólume desde su promulgación en 1.889.  La reforma era de calado puesto que afectaba al régimen general, esto es, a las acciones que no tienen señalado otro plazo específico de prescripción el cual  que venía establecido en quince años . La exposición de motivos de la citada Ley se refería brevemente a esta reforma diciendo que con ella se obtiene un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo . La reforma se plasmó en la disposición adicional primera de la Ley, que daba al citado precepto la siguiente redacción: Las acciones personales que no tenga...

El passat dissabte 21 de gener es va publicar el Reial Decret-Llei 1/2017, anomenat, "de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo", que podeu descarregar ací , i que estableix un particular procediment extrajudicial, gratuït per al consumidor, per tal d'intentar un acord entre els clients i les Entitats bancàries que evite acudir als Tribunals i del qual destacarem, de forma resumida, el següent:   1.- Àmbit d'aplicació. Exclusions. Tot i que, l'art. 3 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris contempla com a consumidores aquelles  persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuen sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial l'àmbit d'aplicació d'este nou mecanisme es redueix tan sols a les persones físiques que tinguen la consideració de consumidors de conformitat amb la citada Llei. El mecanisme s'aplicarà únicam...

Una vez dictada una Sentencia que declare un despido como improcedente, la condena a la empresa se efectuará en los términos que recoge el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores, que actualmente dispone:   1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de ...

El passat 23/12/2015 el Tribunal Suprem va dictar la Sentència 705/2015 (podeu trobar-la ací ) especialment important pel que fa al Dret de consum en relació als clients bancaris, en la que van ser parts ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, d'una banda, i BANCO POPULAR ESPAÑOL SA i BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA d'una altra, i en la que es van abordar diferents qüestions una de les quals era el caràcter abusiu o no de les clàusules, utilitzades a sovint per les Entitats a les escriptures de préstec hipotecari, que tracten de fer responsable al consumidor de totes les despeses de l'operació, concretament dels honoraris de Notaris i Registradors de la Propietat, així com de certs impostos que graven l'operació. La clàusula que era objecte de la discussió tenia el següent tenor literal: "Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escritur...