Daniel Revenga

El artículo 20.e de la vigente Ley de Propiedad Horizontal establece que corresponde al Administrador actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad .  De dicho precepto parece desprenderse con claridad que cada uno de los vecinos de la comunidad de propietarios puede solicitar la documentación que estime conveniente al Administrador y éste tendría la obligación de ponerla a su disposición. Pero las cosas no son siempre como parecen. Respecto a lo que son documentos propios de la gestión económica de la comunidad, la jurisprudencia ha venido interpretando la norma citada, de forma tan discutible -a nuestro parecer- como continuada, en el sentido, en resumen, de que el Administrador es un órgano de la comunidad, y no de cada uno de los vecinos, sujeto a la Junta, de forma que sólo previamente a la adopción de algún acuerdo por dicha Junta, se podría solicitar la documentación relativa a los temas a tratar...

El beneficiario de la justicia gratuita, como norma general, no está obligado a abonar las costas procesales a que haya sido condenado judicialmente, salvo en el caso de que dentro del plazo de los tres años siguientes venga a mejor fortuna, y sea así declarado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Así lo dispone el art. 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que, en su texto vigente a día de hoy, establece lo siguiente: Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos p...

El Código Civil español (en adelante CC) regula la obligación de prestarse alimentos entre parientes en el título VI de su libro primero, dedicado a las personas, y que comprende actualmente los artículos 142 a 153. De dicha regulación podemos destacar, en lo que aquí nos ocupa, que la pensión de alimentos en favor de descendientes menores de edad, comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como su educación e instrucción, debiendo ser, la cuantía de dicha pensión proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. No obstante, esta regla, prevista para los alimentos en general, se ha matizado por vía jurisprudencial en el caso de menores de edad, en el sentido de establecer un límite mínimo de cobertura de las necesidades del menor, llamado generalmente "mínimo vital" , que no se vería afectado por la situación económica del progenitor que presta los alimentos, y que normalmente...

En alguna ocasión se ha acordado el archivo definitivo de una ejecutoria, una vez cumplida la pena, por estimarse prescrita la acción para exigir la responsabilidad civil. La Audiencia de València, no obstante, ha revocado estas decisiones, siguiendo una línea jurisprudencial marcada, entre otras, por la Audiencia de Barcelona (Auto de 21/3/2016), degradando dicho archivo a provisional. Dice nuestra Audiencia (sección primera) en un Auto del que fue ponente el Magistrado D. Jesús Mª Huerta Garicano, que: Si ya se ha ejercitado la acción de responsabilidad civil y se ha dictado una sentencia que reconoce esa responsabilidad civil dimanante del delit o no se vuelve a ejercitar por el perjudicado una nueva acción civil para exigir el pago de dicha responsabilidad civil y así evitar que prescriba , puesto que ya se exigió y se reconoció un derecho de crédito en la sentencia objeto de ejecución . Incoada la ejecutoria se ha dado inicio a la ejecución de esa responsabilidad civil decl...

Siguiendo la Sentencia dictada por la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 25 de julio de 2019, ECLI ES:APV:2019:3471, ponente de la cual fue la Magistrada Doña Beatriz Ballesteros Palazón, vamos a analizar la doctrina de este Tribunal sobre las reclamaciones por abusividad de las cláusulas de imposición de gastos hipotecarios: 1.- Sobre si es posible la reclamación en casos de novación y ampliación de préstamo hipotecario. La Audiencia da la siguiente respuesta, reproduciendo una Sentencia de fecha 19 de junio de 2019 (rollo 2326/2018) de la misma Sala : El contrato público otorgado -como ya se ha enunciado supra es de compraventa con subrogación y modificación del préstamo hipotecario y con apoderamiento, donde la entidad prestamista no se limita a dar la autorización del cambio subjetivo del prestatario, sino que modifica las condiciones contractuales del préstamo para adecuarlas a al condición de consumidor del prestatario dado ser una persona física (p...

El Código Penal regula en el art. 147.1 el tipo básico del delito de lesiones diciendo que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Por otra parte, el mismo precepto, en el apartado 2, tipifica el delito leve de lesiones (equivalente a la anterior falta de lesiones) estableciendo que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses . Como vemos, la principal diferencia entre ambos delitos es que las lesi...

En cas de ruptura d'una relació es pot plantejar esta qüestió, que deuria ser resolta al conveni regulador o a la Sentència que fixe les mesures paternofilials de la separació o el divorci. Ara bé, pot donar-se el cas que les parts o el Tribunal no hagen fet cap previsió al respecte. En eixe cas, resulten d'aplicació les normes generals i la doctrina jurisprudencial que, en general, tenen reiterat que es tracta d'una despesa ordinària i, en conseqüència, el seu import quedaria inclòs en la pensió d'aliments, si la mateixa s'ha establert. En cas de custòdia compartida, si es pacta que ambdós progenitors es faran càrrec de les despeses ordinàries en el període que els corresponga conviure amb els xiquets, serà cadascun d'ells qui deurà assumir esta despesa en el citat període si considera convenient portar els fills al menjador escolar.  La nostra Audiència Provincial de València, concretament la secció desena, especialitzada en família, ha resolt esta qüestió en...

Estableix l'art. 183 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que seran inhàbils els dies del mes d'agost per a totes les actuacions judicials, excepte les que es declaren urgents per les Lleis processals, afegint que el Consell General del Poder Judicial podrà, no obstant això, habilitar-los a efectes d'altres actuacions. Esta regulació, que és general, té les seues excepcions, i per el cas del Ordre Jurisdiccional Penal, la mateixa norma disposa, a l'art 184 que tots els dies de l'any i totes les hores són hàbils per a la instrucció de les causes criminals, sense necessitat d'habilitació especial. En idèntics termes es pronuncia l'art. 201 de la 299 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECRIM). I, respecte dels terminis processals, diu l'art. 185 de la LOPJ que els mateixos es computen d'acord amb el que disposa el Codi Civil i que en els assenyalats per dies quedaran exclosos els inhàbils.  Als efectes que ací ens ocupen direm que una p...

Existen ocasiones en que ciertas empresas se ven obligadas a cerrar sus instalaciones y dejan a los consumidores sin haber terminado de realizar la prestación contratada, lo que puede tener lamentables consecuencias si, como en el caso de Idental, según ha denunciado el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (Icoev), se produce el abandono de tratamientos, pudiendo afectar a los cerca de 20.000 pacientes de las clínicas de dicha empresa abiertas en la provincia de Valencia, resultando que en muchos casos los consumidores habían suscrito créditos con Entidades financieras para costear esos tratamientos.  Sobre esta última cuestión diremos que los créditos ofrecidos a los consumidores tienen su regulación en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC en adelante), que entró en vigor el día 25/09/2011, derogando la anterior Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, y llevando a cabo la trasposición a Derecho interno de la Direc...

De Joanbanjo - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19519808 Los lectores de este blog habrán podido comprobar que desde hace un tiempo se viene hablando de la nulidad de la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios , la cual venía definida en la derogada Orden de 5/5/1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (sustituida, con efectos desde el 29/4/2012, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios) de la siguiente manera: Cualesquiera gastos de estudio del préstamo, de concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo, deberán obligatoriamente integrarse en una única comisión, que se denominará <comisión de apertura> y se devengará por una sola vez. Su importe, así como su forma y fecha de liquidación, se esp...

La Llei Orgànica 1/2015 va introduir a l’art. 22.4 del Codi Penal una agreujant consistent en cometre el delicte “per raons de gènere” havent tingut la nostra Audiència Provincial fins ara ocasió d’aplicar-la en almenys dues ocasions, i l'última a la Sentència del passat 7 de maig, de la secció primera, número 251, i de la qual desconeguem si és ferma a data de hui o s’ha interposat algun recurs. Tractant-se d’una matèria relativament innovadora i de màxima actualitat hem estimat interessant compartir-la al blog.  Es tracta, a la citada Sentència, un cas en el qual, resumidament, i segons els fets declarats provats pel Tribunal, després que una dona tractara de trencar una relació, l’home va assetjar-la contínuament, fins que un dia van tindre una discussió en la qual este, amb la intenció d’acabar amb la seua vida , la va agredir fins deixar-la inconscient, causant-li unes lesions molt greus fins al punt que li va provocar la incapacitat permanent absoluta. La Sentència cond...

En el día de ayer el Consejo General del Poder Judicial hizo pública una nota de prensa del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en relación a las reclamaciones de devolución de las cantidades pagadas en concepto de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por los consumidores en las operaciones de constitución de préstamos hipotecarios que tenía el siguiente tenor literal: El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación. El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribuc...

Es una cuestión en ocasiones controvertida a estas alturas del año en caso de parejas separadas o divorciadas, y que suele dar lugar a multitud de consultas en el Despacho, qué ocurre con el pago de los gastos que deben afrontarse al inicio de cada curso escolar, especialmente material escolar, libros y ropa, que según un informe de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) supone un gasto medio en la Comunitat Valenciana de 178 euros por alumno escolarizado en un centro público, de 591 euros para los concertados y 1.640 euros si se opta por un centro privado; siendo la duda más frecuente la de si se encuentran incluidos dichos gastos en la pensión de alimentos, o, dada su entidad, deben atenderse por mitad por ambos progenitores. La cuestión no ha estado exenta de polémica, ni siquiera en los propios Tribunales, puesto que algunas Audiencias Provinciales (por ejemplo, la de Cáceres y la de Navarra) consideraban que se trataba de un gasto extraordinario, pero, sin ...

Existeix des de fa molt de temps una problemàtica respecte a la valoració de les declaracions de testimonis (i qualsevol altra prova personal) als judicis penals davant la qual xoquem a sovint els Advocats a l'hora de recórrer les Sentències trobant-nos una doctrina ja molt consolidada que ve a fixar dita valoració com a una facultat pràcticament exclusiva del Jutge o Tribunal que ha presenciat les declaracions, de forma tal que en seu de recurs, que és un tràmit escrit, es ve a confirmar reiteradament la particular visió continguda a la Sentència objecte del recurs, per la impossibilitat del Tribunal "ad quem" de percebre aquells elements del testimoni que necessàriament requereixen la immediació. No obstant això, la citada doctrina té importants precisions que cal posar en valor. I és que, si bé és cert que, com hem dit, hi ha una zona infranquejable per al Tribunal del recurs, també ho és que hi ha una altra zona franca respecte de la qual sí que es podrà pronunci...