Daniel Revenga

El beneficiario de la justicia gratuita, como norma general, no está obligado a abonar las costas procesales a que haya sido condenado judicialmente, salvo en el caso de que dentro del plazo de los tres años siguientes venga a mejor fortuna, y sea así declarado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Así lo dispone el art. 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que, en su texto vigente a día de hoy, establece lo siguiente: Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos p...

En esta entrada vamos a dar respuesta a dos cuestiones que se pueden plantear en la práctica. Esperamos ir ampliando la información en próximas entradas: 1.- ¿Qué plazo hay para solicitar la tasación de costas? El plazo según la doctrina del Tribunal Supremo es el mismo que el de la acción ejecutiva, esto es, cinco años desde que la resolución que condena en costas adquiere firmeza. En este sentido, en el Auto del Tribunal Supremo, de 1 de junio de 2010, ECLI:ES:TS:2010:7529A, ya se decía lo siguiente: Formulada la impugnación en tales términos y reconociendo la discrepancia existente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de las Audiencias, cabe decir que, si bien con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil el plazo de prescripción de la acción para reclamar la cantidad correspondiente era el previsto en el art. 1964 CC, de quince años (STS de 9 de febrero de 1998, recurso nº 1671/1990) al entender que se pretendía el cumplimiento de una obl...

Cuando nos referimos a condenas dinerarias penales, estamos hablando de aquellas que derivan de un proceso penal, y que pueden ser: la multa, tanto en su modalidad proporcional como por días; las indemnizaciones por responsabilidad civil derivada del delicto; así como, por último, las costas procesales. Norma general El pago deberá hacerse, de ordinario, de una sola vez mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria del Tribunal. No obstante, el art. 125 del CP, precepto aplicable de forma general a todas las responsabilidades pecuniarias , permite que el Tribunal acuerde discrecionalmente (esto es, no existe obligación legal) un fraccionamiento del pago . Para ello, el precepto requiere: 1.- Que los bienes del obligado no sean suficientes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias. 2.- Que se oiga al perjudicado . 3.- Hacer una ponderación entre las necesidades del perjudicado y la capacidad del obligado al pago. El pago de la m...

La Administración viene considerando, no sin cierta polémica, que las costas procesales a que tiene derecho quien ha vencido en juicio habiendo sido la contraparte condenada a pagarlas, son una ganancia patrimonial que debe tributar en el IRPF. Ya en una consulta vinculante del año 2016 (número V0767-16 de 25 de febrero) la Dirección General de Tributos decía que al tratarse de una indemnización a la parte vencedora, el pago (por parte de la entidad condenada en costas) de los honorarios del abogado y procurador en que ha incurrido el consultante, la incidencia tributaria para este último viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre l...

La vigent Llei d'Enjudiciament Civil (des d'ara LEC) estableix que la manca d'activitat de les parts o interessats en un procediment no determina, per sí mateix, la caducitat del procediment, establint que seran els Lletrats de l'Administració de Justícia (des d'ara LAJ, abans eren anomenats Secretaris Judicials) qui donaran el corresponent impuls al procediment dictant a l'efecte les resolucions processals que procedisquen (art. 236 en relació a l'art. 179 de la LEC).   No obstant això, si a pesar de l'impuls dels LAJ, e ls procediments no tenen activitat durant els terminis fixats a la Llei, i dita manca d'activitat no deriva de força major o qualsevol circumstància aliena a la voluntat de les parts o interessats (art. 238 de la LEC), es produeix el que es denomina la "caducitat en la instància" . Estos terminis són diferents segons la instància en que es trobe el procediment, contant-se sempre des del dia de l'última notificació ...

La Ley 25/2009, conocida popularmente como Ley Ómnibus, en su disposición adicional cuarta permitió a los Colegios de Abogados elaborar Criterios orientadores en materia de Honorarios, a los exclusivos efectos de tasaciones de costas y juras de cuentas. Se trata de dos procedimientos judiciales en los que existe la necesidad de determinar los honorarios de un Letrado y para ello se hace necesario poder acudir a criterios objetivos que doten de seguridad jurídica al sistema. En el primero de ellos, se cuantifica una condena en costas en un determinado procedimiento, y en el segundo se da trámite una reclamación por parte del Letrado a su cliente. Es esta última función la que permite afirmar que, a falta de pacto expreso entre el Letrado y el cliente, regirán estos honorarios publicados por el Colegio de Abogados correspondiente, teniendo los mismos, pues, una incidencia nada desdeñable en el mercado.   Estos son los Criterios adoptados por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia...

Es pot obtindre el benefici de l'assistència jurídica gratuïta i designar un Advocat i Procurador privats de confiança? La resposta es que sí, ja que l'actual art. 28 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG) disposa que:  Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica gratuita podrán, no obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia al abogado y procurador. La renuncia posterior a la designación, que, asimismo, deberá afectar simultáneamente al abogado y procurador designados de oficio, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes Colegios Profesionales y no implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del ...

Conforme a la doctrina del TS que vimos en la primera parte de este post, podemos decir que que a los contratos que contengan cláusulas suelo en que intervienen empresarios que no reunen la cualidad de consumidor se les aplicará:  1.- Un primer filtro, denominado “control de incorporación” y fundamentado en la LCGC, el cual resulta relativamente fácil de superar debido que se limita a comprobar que la redacción cumple las exigencias de claridad, concreción y sencillez de su art. 5.5. Se dice en la SAP de La Coruña 58/2017 (16 de febrero), a este respecto que: La claridad implica que las condiciones generales de significado fundamental para la economía del contrato se distingan sin dificultad dentro del clausulado contractual, o dicho de otra forma que no aparezcan ocultas o disfrazadas, volatilizadas entre otras, distrayendo los sentidos del adherente, de manera tal que no consiga tomar conciencia efectiva de su importancia y trascendencia. Existen condiciones que por su especia...

El passat dissabte 21 de gener es va publicar el Reial Decret-Llei 1/2017, anomenat, "de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo", que podeu descarregar ací , i que estableix un particular procediment extrajudicial, gratuït per al consumidor, per tal d'intentar un acord entre els clients i les Entitats bancàries que evite acudir als Tribunals i del qual destacarem, de forma resumida, el següent:   1.- Àmbit d'aplicació. Exclusions. Tot i que, l'art. 3 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris contempla com a consumidores aquelles  persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuen sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial l'àmbit d'aplicació d'este nou mecanisme es redueix tan sols a les persones físiques que tinguen la consideració de consumidors de conformitat amb la citada Llei. El mecanisme s'aplicarà únicam...