Daniel Revenga

Hoy traemos al blog una interesante Sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto esta pregunta. Se trataba del caso de una persona que, teniendo en vigor una prohibición de comunicación con la víctima, efectúa una llamada que no es contestada, pero de la cual queda constancia. ¿Se ha producido aquí una comunicación a los efectos de considerar quebrantada dicha prohibición? Caso de considerar la conducta constitutiva de delito, ¿lo sería en grado de tentativa o consumación?. Adelantamos ya que el Alto Tribunal considera que en estos casos sí se comete el delito de quebrantamiento, y en grado de consumación. Reproducimos a continuación la parte más relevante a estos efectos de la Sentencia de la Sala de lo Penal número 650/2019 , de 20 diciembre,  ECLI: ES:TS:2019:4218 (énfasis añadido): Como se razona en la sentencia impugnada, el acusado practicó todos los actos que objetivamente debían permitir la comunicación con la denunciante. Pues efectivamente realizó la llamada con una...

Cuando una persona ingresa en prisión su régimen de relaciones con el exterior se ve profundamente afectado, por lo que, especialmente sus allegados, familiares o amigos deben conocer las nuevas reglas que regirán sus comunicaciones. La materia está regulada en el vigente Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996. Hay que tener en cuenta que las normas generales sobre comunicaciones que vamos a ver se pueden ver ampliadas por otras extraordinarias que se concedan como recompensa o en situaciones de urgencia. 1.- Comunicaciones orales (visitas presenciales) Como mínimo los internos tendrán 2 comunicaciones a la semana (si el preso está en tercer grado, la limitación vendrá dada únicamente por el horario de trabajo), que preferentemente tendrán lugar los fines de semana y con una duración mínima de 20 minutos cada una, aunque se permite una comunicación semanal acumulativa de 40 minutos . A las visitas podrán concurrir hasta  cuatro personas simultáneamente ....

Es una pregunta que ocasionalmente escuchamos los Abogados debido a que existe una cierta creencia de que la relación de parentesco entre alguna de las partes y el testigo impide a éste prestar testimonio ante un Tribunal. No obstante, la respuesta es, en principio, negativa: no existe norma alguna que impida declarar como testigo a un familiar por el hecho de serlo, ello a salvo, lógicamente, de la valoración que pueda efectuarse posteriormente de su testimonio en cuanto a credibilidad. Ahora bien, en el proceso penal sí existen algunas matizaciones que merece la pena exponer. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECRIM, (art. 416) exime de la obligación de declarar en una causa penal a los ascendientes y descendientes del procesado, a quien sea o haya sido su cónyuge o pareja de hecho , así como a sus hermanos (sean de uno o doble vínculo). Esta dispensa ha suscitado una cierta problemática en el ámbito de la violencia de género en donde en no pocas ocasiones la única o ...

Tal como dispone el art. 80.1 del CP, los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad mediante resolución motivada, disponiendo el art. 82.1 que dicha decisión se adoptará en la Sentencia de condena, siempre que ello sea posible, o una vez declarada la firmeza, a la mayor urgencia y previa audiencia a las partes. Dicha decisión podrá modificarse posteriormente ante una posible variación de las circunstancias valoradas, según establece el art. 85 del CP. A continuación pasamos a reproducir los esquemas de los distintos supuestos de suspensión que se establecen en el art. 80 del CP compuestos por una regla general a la que se añaden tres supuestos excepcionales. Una vez decidida la suspensión por cumplirse los requisitos previstos en dicho artículo, el Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las prohibiciones y deberes establecidos en el art. 83 del CP siempre que resulte necesario para evitar la reiteración del...

El art. 80 del vigente Código Penal establece la posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad cuando concurran una serie de circunstancias previstas en dicho precepto y por un periodo de tiempo que puede alcanzar hasta los cinco años. En lo que nos atañe hoy, diremos que el mismo Código prevé que el Juez que conceda la suspensión, condicione la misma al cumplimiento de una serie de obligaciones por parte del penado, siempre que ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin resultar desproporcionado. Las obligaciones que pueden imponerse, con los matices previstos legalmente, son las siguientes (art. 83):  1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio.  2.ª Prohibición d...

El art. 249.1 del Código Penal vigente regula el tipo básico de estafa estableciendo que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El engaño, que es el primero y más significativo de los elementos definitorios de la estafa, debe de ser, como puede verse, “bastante” a los fines defraudatorios. Ahora bien, ¿es bastante el engaño de quien se persona en una entidad bancaria y obtiene fondos de otra persona sin que se le solicite su identificación?   Ya la STS 1285/1998, de 29 ofrecía una respuesta negativa a dicha pregunta. Se afirmaba en dicha resolución que En el tráfico bancario, que como todo tráfico mercantil está inspirado simultáneamente por la pauta de la confianza y por la de la desconfianza, existen determinados usos, que dentro de la estructura jerárquica de la empresa se convierten en deberes para ciertos niveles de la misma, en que se manif...

Existeix des de fa molt de temps una problemàtica respecte a la valoració de les declaracions de testimonis (i qualsevol altra prova personal) als judicis penals davant la qual xoquem a sovint els Advocats a l'hora de recórrer les Sentències trobant-nos una doctrina ja molt consolidada que ve a fixar dita valoració com a una facultat pràcticament exclusiva del Jutge o Tribunal que ha presenciat les declaracions, de forma tal que en seu de recurs, que és un tràmit escrit, es ve a confirmar reiteradament la particular visió continguda a la Sentència objecte del recurs, per la impossibilitat del Tribunal "ad quem" de percebre aquells elements del testimoni que necessàriament requereixen la immediació. No obstant això, la citada doctrina té importants precisions que cal posar en valor. I és que, si bé és cert que, com hem dit, hi ha una zona infranquejable per al Tribunal del recurs, també ho és que hi ha una altra zona franca respecte de la qual sí que es podrà pronunci...

La respuesta la encontramos en el Código Penal, en concreto en su art. 298 que, en relación al denominado delito de receptación, castiga con penas de hasta dos años de prisión a quien con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos. El mismo articulo prevé no obstante penas de hasta tres años de prisión cuando se trate de bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico, cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, o cuando los hechos revistan especial gravedad, a...

Al voltant de la pregunta que obre esta entrada es va pronunciar el Tribunal Suprem en una Sentència del passat 15/07/16 on va fer recull de la doctrina jurisprudencial al respecte manifestant que: 1r) La utilització en el procés penal de gravacions de converses privades gravades per un dels interlocutors, no vulnera en cap cas el dret constitucional al secret de les comunicacions. 2n) Tampoc vulnera el dret constitucional a la intimitat, llevat de casos excepcionals en què el contingut de la conversa afecte al nucli íntim de la intimitat personal o familiar d'un dels interlocutors. 3r) Vulneren el dret fonamental a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable, i en conseqüència incorren en nul·litat probatòria, quan s'han realitzat des d'una posició de superioritat institucional (agents de l'autoritat o superiors jeràrquics) per obtindre una confessió extraprocessal arrencada mitjançant engany, llevat dels supòsits d'enregistraments autoritzats pe...

El passat 27 de setembre del 2016 el Tribunal Suprem va dictar Sentència resolent un recurs de cassació deduït contra una altra de l'Audiència Provincial de Barcelona del 8 d'octubre del 2015 que condemnava dues persones com a autores dels delictes de detenció il·legal, extorsió i una falta de lesions, per uns fets ocorreguts el 27 d'agost del 2011, que es resumeixen així (els noms són ficticis): Calixto, i el seu nebot Cosme es trobaven en una cafeteria, esperant a la via pública a Ildefons, i en arribar van començar a discutir perquè en anteriors ocasions Calixto havia contactat a Ildefons per demanar-li diners per "un favor que li devia ". En este context Cosme va començar a donar-li cops que Ildefons anava esquivant, esgrimint Calixto una mena de punxó a l'altura del seu abdomen, amb evident intenció de acoquinar-lo, alhora que li deia "te vaig a donar una punyalada i te vaig a treure la vida ", obligant-lo a que es posara de genolls per demanar...