Daniel Revenga

El artículo 20.e de la vigente Ley de Propiedad Horizontal establece que corresponde al Administrador actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad .  De dicho precepto parece desprenderse con claridad que cada uno de los vecinos de la comunidad de propietarios puede solicitar la documentación que estime conveniente al Administrador y éste tendría la obligación de ponerla a su disposición. Pero las cosas no son siempre como parecen. Respecto a lo que son documentos propios de la gestión económica de la comunidad, la jurisprudencia ha venido interpretando la norma citada, de forma tan discutible -a nuestro parecer- como continuada, en el sentido, en resumen, de que el Administrador es un órgano de la comunidad, y no de cada uno de los vecinos, sujeto a la Junta, de forma que sólo previamente a la adopción de algún acuerdo por dicha Junta, se podría solicitar la documentación relativa a los temas a tratar...

En la Sentencia que hoy comentamos, dictada por el pleno del Tribunal Supremo el pasado día 17 de septiembre de 2019, en un Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción procesal, el Alto Tribunal ha dado la razón a una Comunidad de Propietarios que consideraba abusiva la duración de un contrato de mantenimiento del ascensor por plazo de cinco años prorrogables tácitamente, y en la que se preveía una penalización en caso de no renovación, y que habiendo sido demandada por la empresa ascensorista por incumplimiento del contrato, el Juzgado de Primera Instancia desestimó dicha demanda, pero la Audiencia Provincial, estimó el recurso de apelación formulado por la empresa, y con ello la demanda, Sentencia, esta última, contra la cual recurrió la Comunidad ante el Supremo.  En la Sentencia del Tribunal Supremo, que tiene referencia ECLI ES:TS:2019:2795, se descarta en primer lugar que el contrato objeto de ese procedimiento fuera negociado con la Comunidad demandada, pero estable...

Ha sido esta una cuestión discutida. La Sentencia del Tribunal Supremo que traemos hoy al blog estima un Recurso de Casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y da la razón a la esposa que defendía que dichos gastos corresponden a la sociedad de gananciales y que, habiéndolos abonado ella en exclusiva (tenía atribuído el uso y disfrute de la vivienda en cuestión), gozaba de un crédito contra la sociedad de gananciales. La Audiencia entendió, no obstante, que dichos gastos eran inherentes al uso de la vivienda y, en consecuencia, le correspondía a ella y no a la sociedad su pago. Dijo textualmente la Audiencia que: es jurisprudencia pacífica y unánime en las audiencias provinciales que los gastos de la Comunidad de Propietarios aunque sean responsabilidad de ambos cónyuges, por ser la casa ganancial, al estar atribuido su uso a los menores y a la madre en sentencia, las cuotas ordinarias cubren servicios que únicamente benefician a los menores y a la ...