Daniel Revenga

La intenció d'esta entrada, que s'anirà actualitzant periòdicament, és recopilar en un sol lloc les referències a les principals Sentències que es vagen fent públiques sobre el particular (el qual com és sabut, resulta hui força polèmic), aportant, cas que hi haja, enllaç a la pròpia resolució, a la nota de premsa del CGPJ o a la notícia en qüestió.   SJPI 5 JAÉN ¿28/3/2017? La sentència de Primera Instància 5 considera que les despeses de notaria i impost d'actes jurídics documentats corresponen al banc, que és qui «té interès en la inscripció i documentació pública del préstec (...) perquè així pot instal·lar en el seu cas a la execució de títol no judicial (...) Un préstec no necessita com a requisit de validesa entre les parts l'elevació a escriptura pública i la inscripció, i estes operacions són una garantia per al que presta els diners i la garantia real hipotecària. D'esta manera, a l'imposar al consumidor estes despeses de manera exclusiva sense un m

Conforme a la doctrina del TS que vimos en la primera parte de este post, podemos decir que que a los contratos que contengan cláusulas suelo en que intervienen empresarios que no reunen la cualidad de consumidor se les aplicará:  1.- Un primer filtro, denominado “control de incorporación” y fundamentado en la LCGC, el cual resulta relativamente fácil de superar debido que se limita a comprobar que la redacción cumple las exigencias de claridad, concreción y sencillez de su art. 5.5. Se dice en la SAP de La Coruña 58/2017 (16 de febrero), a este respecto que: La claridad implica que las condiciones generales de significado fundamental para la economía del contrato se distingan sin dificultad dentro del clausulado contractual, o dicho de otra forma que no aparezcan ocultas o disfrazadas, volatilizadas entre otras, distrayendo los sentidos del adherente, de manera tal que no consiga tomar conciencia efectiva de su importancia y trascendencia. Existen condiciones que por su especial on

Empezaremos diciendo que en esta materia confluye la regulación contenida en dos Leyes españolas que son trasposición de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, en adelante LCGC, y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en lo sucesivo LGDCU, así como también el Derecho interno contenido en determinados preceptos del Código Civil y el Código de Comercio, desde ahora CC y CCOM respectivamente. La forma en cómo se relacionan inicialmente las dos primeras Leyes citades viene aclarada en la Exposición de motivos de la LCGC, que nos dice:  Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con lo