Daniel Revenga

Es una cuestión que se ha planteado en alguna ocasión en mi Despacho, sobre todo en procedimientos penales, la posibilidad de demostrar la verosimilitud de unas manifestaciones recurriendo a la "prueba del polígrafo" , comúnmente conocida como "detector de mentiras", un método utilizado para medir y registrar varios indicadores fisiológicos como la presión arterial, el pulso, la respiración y la conductividad de la piel mientras una persona responde a una serie de preguntas rastreando cambios fisiológicos en el cuerpo que pueden indicar estrés o nerviosismo . La citada "prueba", si bien podría ser introducida en un procedimiento como una pericial de parte, y al parecer, en algunos procedimientos se ha aceptado, e incluso es una prueba plenamente reconocida en algunos países (1), lo bien cierto es que no tiene aceptación por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo , por su dudosa constitucionalidad, ya que podría entenderse que "hurta" al Juez su l...

Siguiendo el art. 390 del Código Penal, la falsedad de un documento puede revestir alguna de las siguientes modalidades: 1ª Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.ªSimulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3ª Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 4ª Faltando a la verdad en la narración de los hechos. Cuando se trata de un documento privado, véase los arts. 395 y 396 del Código Penal, falsificarlo, con excepción de la modalidad 4ª, se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años, y, por otra parte, hacer uso del documento, a sabiendas de su falsedad, con el objeto de perjudicar a otra persona, o presentarlo en juicio, está penado con la pena inferior en grado. No obstante, hay que tener en cuenta que la falsedad de un documento privado ...

Entre las reformas operadas mediante la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, se tipifica un nuevo delito, castigado con penas de hasta dos años de prisión, y es el que se comete creando perfiles falsos en redes sociales utilizando la imagen de otra persona a fin de causarle humillación, hostigamiento o acoso, o bien anuncios en cualesquiera medios de difusión. Así, desde el pasado  7 de octubre de 2022 , día en que entró en vigor la reforma, el art. 172 ter del Código Penal tiene un nuevo apartado 5 , cuyo tenor literal es el siguiente: El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Téngase en cuenta que el uso indebido d...

Con la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 10/2022 , de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 7 de octubre de 2022, se modifican profundamente los delitos de naturaleza sexual, y se establece, como principal novedad, el consentimiento de la víctima como piedra angular del sistema, desplazando a la violencia y la intimidación, desapareciendo la polémica figura (especialmente a raíz de casos como el Arandina, que tratamos aquí en su día) el delito de abusos sexuales. Así las cosas, el régimen previsto en los arts. 178 a 181 del Código Penal se podría esquematizar de la siguiente forma: En caso de víctimas de edad igual o superior a 16 años. Delito de agresión sexual sin acceso : actos sexuales cometidos sin el consentimiento expresado de forma clara por la víctima, que no consistan en acceso carnal , se haya empleado o no violencia o intimidación o abuso de superioridad. La pena es prisión de 1 a...

La cuestión no ha estado exenta de polémica, la cual ha girado en torno a la interpretación que había de darse al art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual establece una dispensa de la obligación de declarar a determinadas personas que ostentan ciertos grados de parentesco con el procesado, entre los que se encuentran su cónyuge o pareja de hecho. La reforma operada en el citado precepto por la Disposición Final primera de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con fecha de vigencia desde el 25 de junio de 2021 , trata de solucionar los aspectos más problemáticos de dicha regulación, en consonancia con la doctrina que había venido elaborando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo , especialmente la recogida en la Sentencia del Pleno número 389/2020, de 10 de julio . Establece el precepto ahora una serie de excepciones a la dispensa de la obligación de declarar , y en lo que toca al cónyuge...

Se conoce como "cuestiones previas" un incididente que puede suscitarse al inicio del juicio oral del procedimiento abreviado, tras la lectura de los escritos de acusación y defensa, y que aparece regulado en el art. 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), cuya finalidad es poder formular alegaciones sobre extremos que tienden a "purificar" el procedimiento, relativos a: 1.- La competencia del órgano judicial. 2.- La vulneración de algún derecho fundamental en la tramitación del procedimiento. 3.- Existencia de artículos de previo pronunciamiento , a los que se refiere el art. 666 de la LECRIM para el procedimiento Sumario, esto es: 3.1.- Declinatoria de Jurisdicción . 3.2.- La existencia de cosa juzgada . 3.3.- La prescripción del delito. 3.4.- La existencia de amnistía o indulto de la parte acusada. 3.5.- La falta de autorización administrativa para proceder contra la parte acusada cuando ello sea preceptivo. 4.- Existencia de causas  de susp...

Impuesta una multa en Sentencia penal, su impago ocasiona las consecuencias que determina el art. 53 del Código Penal (CP en adelante). Dice el primer párrafo de este precepto que: Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente. También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo En el caso de multa proporcional, el apartado tercero del mismo artículo, dice que los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de dura...

En el día de ayer, 15 de septiembre de 2020, se publicó la Instrucción 1/2020, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Destacamos que la Instrucción se centra en lograr la restitución temprana de la posesión a los legítimos titulares de la misma , dada la alarma social que está provocando este fenómeno, alarma que no viene justificada, a día de hoy, por la estadística judicial, como veremos. El Código Penal aborda esta cuestión mediante dos tipos penales: 1.- El allanamiento de morada del art. 202, que castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años, si se ejecuta sin violencia o intimidación (apartado 1), y con pena de 1 a 4 años en caso contrario (apartado 2). Este delito es competencia del Tribunal del Jurado (art. 1.1.d LOTJ). En el año 2019 (último con estadística en el INE), hubo 238 condenas en todo el territorio español por este delito, co...

En alguna ocasión se ha acordado el archivo definitivo de una ejecutoria, una vez cumplida la pena, por estimarse prescrita la acción para exigir la responsabilidad civil. La Audiencia de València, no obstante, ha revocado estas decisiones, siguiendo una línea jurisprudencial marcada, entre otras, por la Audiencia de Barcelona (Auto de 21/3/2016), degradando dicho archivo a provisional. Dice nuestra Audiencia (sección primera) en un Auto del que fue ponente el Magistrado D. Jesús Mª Huerta Garicano, que: Si ya se ha ejercitado la acción de responsabilidad civil y se ha dictado una sentencia que reconoce esa responsabilidad civil dimanante del delit o no se vuelve a ejercitar por el perjudicado una nueva acción civil para exigir el pago de dicha responsabilidad civil y así evitar que prescriba , puesto que ya se exigió y se reconoció un derecho de crédito en la sentencia objeto de ejecución . Incoada la ejecutoria se ha dado inicio a la ejecución de esa responsabilidad civil decl...

Hoy traemos al blog una interesante Sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto esta pregunta. Se trataba del caso de una persona que, teniendo en vigor una prohibición de comunicación con la víctima, efectúa una llamada que no es contestada, pero de la cual queda constancia. ¿Se ha producido aquí una comunicación a los efectos de considerar quebrantada dicha prohibición? Caso de considerar la conducta constitutiva de delito, ¿lo sería en grado de tentativa o consumación?. Adelantamos ya que el Alto Tribunal considera que en estos casos sí se comete el delito de quebrantamiento, y en grado de consumación. Reproducimos a continuación la parte más relevante a estos efectos de la Sentencia de la Sala de lo Penal número 650/2019 , de 20 diciembre,  ECLI: ES:TS:2019:4218 (énfasis añadido): Como se razona en la sentencia impugnada, el acusado practicó todos los actos que objetivamente debían permitir la comunicación con la denunciante. Pues efectivamente realizó la llamada con una...

El 11 de diciembre pasado se dictó la Sentencia del conocido públicamente como "caso Arandina", en el que se juzgaba a varios futbolistas que venían siendo acusados de haber agredido sexualmente a una menor de edad actuado de forma conjunta; caso que presentaba ciertos paralelismos con el conocido como "caso de la manada" que conmocionó también la opinión pública. La Sentencia, que a fecha de hoy no es firme , en cuanto a las penas impuestas, es mucho más severa , alcanzando cifras de récord, dado que además de apreciarse un contexto de "intimidación ambiental" que cualificaba los hechos a agresión sexual, se castigó la colaboración con cada uno de los otros acusados , algo que el Alto Tribunal no pudo hacer en el "caso de la manada" por respeto al principio acusatorio. Resulta interesante, abstracción hecha de la concreta valoración que hace la Sala de las pruebas practicadas, la motivación jurídica de la Sentencia, número 379/2019, dictada ...

La Ley Orgánica 1/2015 vino a reformar el sistema de libertad condicional existente conceptualizando la misma como un supuesto de suspensión de la pena cuando la misma ya ha comenzado a cumplirse, lo cual ocasiona que el tiempo durante el cual la pena pudiera estar suspendida, no computa como cumplimiento en caso de que dicha suspensión fuera revocada con posterioridad.  La competencia para decidir la libertad condicional es del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que resolverá a petición del penado, pudiendo fijar, en caso de denegación, un plazo de entre 6 meses (norma general) y un año, durante el cual la petición no podrá volver a ser formulada. Los supuestos de suspensión de las penas, exceptuada la prisión permanente revisable y los delitos de terrorismo, que tienen un régimen propio que no trataremos aquí, son los siguientes: 1.- Básico, cuando se hayan extinguido las 3/4 partes de la condena . El penado deberá estar clasificado en el tercer grado, haber observado buen...

El Código Penal contempla como pena (art. 47) la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la cual podrá tener una duración de entre 3 meses y 10 años (art. 40.2), por lo que dicha pena tendrá diversa gravedad según su duración (art. 33) : Grave : entre 8 años y 1 día y 10 años ; Menos grave : entre 1 año y 1 día y 8 años ; Leve : entre 3 meses y 1 año . Es importante resaltar que cuando la pena tenga una duración superior a dos años comportará la pérdida del permiso de conducir , diferenciación que conlleva distintas consecuencias administrativas que luego veremos. La norma se integra, en cuanto a los conceptos de vehículos a motor y ciclomotores , con lo que dispone la normativa de tráfico; en la actualidad, las deficiones se encuentran en el Anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos . La pena está contemplada como medida de seguridad (art. 105.2.b), pero también como pena...

El Código Penal regula en el art. 147.1 el tipo básico del delito de lesiones diciendo que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Por otra parte, el mismo precepto, en el apartado 2, tipifica el delito leve de lesiones (equivalente a la anterior falta de lesiones) estableciendo que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses . Como vemos, la principal diferencia entre ambos delitos es que las lesi...