Daniel Revenga

La Audiencia Provincial de València en fecha 22/5/2017 ha dictado un Auto en un recurso de apelación en el que se confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia que archivó un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido a instancias de BANKIA por considerar abusiva la cláusula que permitía a la entidad bancaria dar por vencido el préstamo ante el impago de todo o parte de alguna de las cuotas.  La ejecutante solicitaba la continuación de la ejecución con diversos argumentos entre los que se encontraba la conocida doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo del 23/12/2015 que viene a integrar la nulidad de este tipo de cláusulas permitiendo la continuación de los procedimientos, doctrina que la Audiencia Provincial acaba descartando por considerarla contraria al Derecho de la Unión Europea. Es de notar que otros Tribunales, por ejemplo, en la Región de Murcia, vienen suspendiendo todos los procedimientos de este tipo en espera de que se resuelvan las cuestiones prejudicia

Davant una reclamació per part del treballador a l'empresa (anem a centrar-nos en les reclamacions per acomiadament o reclamacions de salaris per ser les més habituals) deu trindre's en consideració que la Llei obliga a intentar una conciliació administrativa prèvia que té lloc l'SMAC (servici de mediació arbitratge i conciliació) que a la Ciutat de València té la seu a la Avinguda del Barón de Cárcer, 36, i que serà una passa prèvia a interposar la demanda davant els Jutjats socials.  Molt importants són els terminis dels que disposa el treballador per fer la reclamació, és a dir, per presentar la demanda judicial: un any en cas de salaris i vint dies hàbils en cas d'acomiadament . És dins els citats terminis que es deu presentar davant l'SMAC el que s'anomena una papereta de conciliació especificant clarament la identificació de l'empresa així com els conceptes e imports reclamats. Hi han models estandarditzats per omplir a mà i que es poden adquirir a l

La respuesta la encontramos en el Código Penal, en concreto en su art. 298 que, en relación al denominado delito de receptación, castiga con penas de hasta dos años de prisión a quien con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos. El mismo articulo prevé no obstante penas de hasta tres años de prisión cuando se trate de bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico, cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, o cuando los hechos revistan especial gravedad, a