Daniel Revenga

Com a resultat d'una demanda d'acomiadament improcedent, si la Sentència finalment declara la improcedència, com a norma general, l'empresari tindrà l'opció entre readmetre al treballador, abonant-li els salaris de tramitació corresponents, o indemnitzar-lo, sense l'abonament dels citats salaris. Esta opció, es fa, habitualment, dins el termini de cinc dies des de la notificació de la Sentència a l'empresa però la Llei ofereix la facultat de manifestar l'opció en el mateix acte del judici. No obstant això, pot ocórrer, i de fet no és infreqüent a la pràctica, que la readmissió no siga possible , i en estos casos l'art. 110.b de la LRJS permet que e l treballador (la part demandant) sol·licite del Jutjat que es tinga per feta l'opció per la indemnització , exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem, l'acreditació d'esta impossibilitat . Res diu la Llei sobre els salaris de tramitació en este cas. Per altra banda, si el treballador no fa

En la Sentencia que hoy comentamos, dictada por el pleno del Tribunal Supremo el pasado día 17 de septiembre de 2019, en un Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción procesal, el Alto Tribunal ha dado la razón a una Comunidad de Propietarios que consideraba abusiva la duración de un contrato de mantenimiento del ascensor por plazo de cinco años prorrogables tácitamente, y en la que se preveía una penalización en caso de no renovación, y que habiendo sido demandada por la empresa ascensorista por incumplimiento del contrato, el Juzgado de Primera Instancia desestimó dicha demanda, pero la Audiencia Provincial, estimó el recurso de apelación formulado por la empresa, y con ello la demanda, Sentencia, esta última, contra la cual recurrió la Comunidad ante el Supremo.  En la Sentencia del Tribunal Supremo, que tiene referencia ECLI ES:TS:2019:2795, se descarta en primer lugar que el contrato objeto de ese procedimiento fuera negociado con la Comunidad demandada, pero establece q

Lo que se ha dado en llamar la Ley de la segunda oportunidad en España viene a identificarse con la paralización de ejecuciones y con lo que el art. 178 bis de la Ley Concursal (LC) denomina, el "beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho" (BEPI), esto es, la liberación las deudas que hubieran quedado pendientes tras un concurso de acreedores de una persona física; lo que se conoce en otras latitudes como un "fresh start". La Valenciana es una autonomía en la que cada vez más personas se están acogiendo a este mecanismo. Según datos del INE, en el primer semestre de 2019 se declararon un total de 122 concursos de persona física , lo que supone estar en segunda posición tras Catalunya , que acapara el 43,1% de los concursos declarados en el mismo periodo, elevándose a un total de 437, esto es, casi 73 concursos mensuales. A continuación explicaremos, de forma esquemática , el procedimiento a seguir de cara a lograr el citado beneficio, centrándonos en la p