Daniel Revenga

El 11 de diciembre pasado se dictó la Sentencia del conocido públicamente como "caso Arandina", en el que se juzgaba a varios futbolistas que venían siendo acusados de haber agredido sexualmente a una menor de edad actuado de forma conjunta; caso que presentaba ciertos paralelismos con el conocido como "caso de la manada" que conmocionó también la opinión pública. La Sentencia, que a fecha de hoy no es firme , en cuanto a las penas impuestas, es mucho más severa , alcanzando cifras de récord, dado que además de apreciarse un contexto de "intimidación ambiental" que cualificaba los hechos a agresión sexual, se castigó la colaboración con cada uno de los otros acusados , algo que el Alto Tribunal no pudo hacer en el "caso de la manada" por respeto al principio acusatorio. Resulta interesante, abstracción hecha de la concreta valoración que hace la Sala de las pruebas practicadas, la motivación jurídica de la Sentencia, número 379/2019, dictada ...

Cuando una persona ingresa en prisión su régimen de relaciones con el exterior se ve profundamente afectado, por lo que, especialmente sus allegados, familiares o amigos deben conocer las nuevas reglas que regirán sus comunicaciones. La materia está regulada en el vigente Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996. Hay que tener en cuenta que las normas generales sobre comunicaciones que vamos a ver se pueden ver ampliadas por otras extraordinarias que se concedan como recompensa o en situaciones de urgencia. 1.- Comunicaciones orales (visitas presenciales) Como mínimo los internos tendrán 2 comunicaciones a la semana (si el preso está en tercer grado, la limitación vendrá dada únicamente por el horario de trabajo), que preferentemente tendrán lugar los fines de semana y con una duración mínima de 20 minutos cada una, aunque se permite una comunicación semanal acumulativa de 40 minutos . A las visitas podrán concurrir hasta  cuatro personas simultáneamente ....

Siguiendo la Sentencia dictada por la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 25 de julio de 2019, ECLI ES:APV:2019:3471, ponente de la cual fue la Magistrada Doña Beatriz Ballesteros Palazón, vamos a analizar la doctrina de este Tribunal sobre las reclamaciones por abusividad de las cláusulas de imposición de gastos hipotecarios: 1.- Sobre si es posible la reclamación en casos de novación y ampliación de préstamo hipotecario. La Audiencia da la siguiente respuesta, reproduciendo una Sentencia de fecha 19 de junio de 2019 (rollo 2326/2018) de la misma Sala : El contrato público otorgado -como ya se ha enunciado supra es de compraventa con subrogación y modificación del préstamo hipotecario y con apoderamiento, donde la entidad prestamista no se limita a dar la autorización del cambio subjetivo del prestatario, sino que modifica las condiciones contractuales del préstamo para adecuarlas a al condición de consumidor del prestatario dado ser una persona física (p...

El pasado 11/9/2019 el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó la Sentencia 463/2019, ECLI:ES:TS:2019:2761, en la cual, entre otras cuestiones, se ha venido a adaptar la Jurisprudencia interna en materia de vencimiento anticipado a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las peticiones de decisión prejudicial que se le han planteado, ofreciéndose, respecto de los procedimientos de ejecución hipotecaria en que todavía no se haya producido la entrega de la posesión al adquirente, las siguientes directrices:  a. Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite. b. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos d...

Cuando nos referimos a condenas dinerarias penales, estamos hablando de aquellas que derivan de un proceso penal, y que pueden ser: la multa, tanto en su modalidad proporcional como por días; las indemnizaciones por responsabilidad civil derivada del delicto; así como, por último, las costas procesales. Norma general El pago deberá hacerse, de ordinario, de una sola vez mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria del Tribunal. No obstante, el art. 125 del CP, precepto aplicable de forma general a todas las responsabilidades pecuniarias , permite que el Tribunal acuerde discrecionalmente (esto es, no existe obligación legal) un fraccionamiento del pago . Para ello, el precepto requiere: 1.- Que los bienes del obligado no sean suficientes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias. 2.- Que se oiga al perjudicado . 3.- Hacer una ponderación entre las necesidades del perjudicado y la capacidad del obligado al pago. El pago de la m...

Com a resultat d'una demanda d'acomiadament improcedent, si la Sentència finalment declara la improcedència, com a norma general, l'empresari tindrà l'opció entre readmetre al treballador, abonant-li els salaris de tramitació corresponents, o indemnitzar-lo, sense l'abonament dels citats salaris. Esta opció, es fa, habitualment, dins el termini de cinc dies des de la notificació de la Sentència a l'empresa però la Llei ofereix la facultat de manifestar l'opció en el mateix acte del judici. No obstant això, pot ocórrer, i de fet no és infreqüent a la pràctica, que la readmissió no siga possible , i en estos casos l'art. 110.b de la LRJS permet que e l treballador (la part demandant) sol·licite del Jutjat que es tinga per feta l'opció per la indemnització , exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem, l'acreditació d'esta impossibilitat . Res diu la Llei sobre els salaris de tramitació en este cas. Per altra banda, si el treballador no fa...

En la Sentencia que hoy comentamos, dictada por el pleno del Tribunal Supremo el pasado día 17 de septiembre de 2019, en un Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción procesal, el Alto Tribunal ha dado la razón a una Comunidad de Propietarios que consideraba abusiva la duración de un contrato de mantenimiento del ascensor por plazo de cinco años prorrogables tácitamente, y en la que se preveía una penalización en caso de no renovación, y que habiendo sido demandada por la empresa ascensorista por incumplimiento del contrato, el Juzgado de Primera Instancia desestimó dicha demanda, pero la Audiencia Provincial, estimó el recurso de apelación formulado por la empresa, y con ello la demanda, Sentencia, esta última, contra la cual recurrió la Comunidad ante el Supremo.  En la Sentencia del Tribunal Supremo, que tiene referencia ECLI ES:TS:2019:2795, se descarta en primer lugar que el contrato objeto de ese procedimiento fuera negociado con la Comunidad demandada, pero estable...