Daniel Revenga

Hoy traemos al blog una interesante Sentencia de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 11 de junio de 2021, número 838. La misma trae causa de la impugnación que formuló el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba contra el acuerdo de la Junta de Jueces de Instrucción y Violencia sobre la Mujer de Córdoba en la que se venía a organizar la conducción de detenidos a las dependencias judiciales, estableciendo determinados turnos. El Recurso de Alzada previo fue desestimado por Resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que confirmó la decisión de la Junta. Aparte de otras cuestiones que se formularon por las partes y que el Alto Tribunal resuelve pormenorizadamente en su Sentencia, en ella se formula una consideración que entendemos que trasciende al concreto asunto planteado y que afecta a los d erechos de las personas que han sido objeto de detención gubernativa , puesto que está generalizado el estab...

El art. 695 de la LEC regula los motivos de oposición a la ejecución hipotecaria , estableciendo, de forma taxativa, que sólo se admitirán los siguientes: 1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada. 2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible.  3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento. 4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. A la vista de esta regulación se ha planteado si, además de dichos motivos, el ejecutado podría alegar motivos de naturaleza procesal, especialmente los regulados en el art. 559 de la LEC de forma genérica para el procedimiento de ejecución, toda vez  que son cuestiones controlables de oficio por e...

El pasado 4 de junio de 2018 publicábamos la entrada Audiencia Provincial de València: ¿es nula la comisión de apertura? en la que informábamos sobre la doctrina de nuestra Audiencia sobre esta cláusula, en virtud de la cual no se consideraba la misma abusiva, como norma general. Ahora bien, en el transcurso de este tiempo se dictó la Sentencia de 16 de julio de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, que resolvió específicamente sobre la abusividad de esta cláusula, la cual ha hecho cambiar la doctrina a que antes nos referíamos. La recepción de la decisión de la Unión Europea puede verse en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia número 1123/2020, de 6 de octubre, en donde respecto a esta cuestión, en el Fundamento Quinto, se dice: El segundo pronunciamiento impugnado es la ausencia de declaración de nulidad de la cláusula cuarta en lo relativo a la comisión de apertura. Ha de señalarse que la demanda solicitaba e...

No escapa a nadie que las medidas sanitarias adoptadas para frenar la expansión del Coronavirus SARS-COV-2, han tenido una incidencia muy negativa en determinados sectores de la economía, como por ejemplo la hostelería, habiéndose visto obligados muchos comercios a cerrar sus puertas temporalmente o, en el mejor de los casos, a reducir aforos y clientela, con la consecuente reducción de ingresos, manteniéndose, no obstante, sus obligaciones económicas, como la que vamos a tratar aquí, el pago de la renta de los arrendamientos de locales de negocio. Si bien el primer paso habrá sido intentar, con fundamento en las normas aprobadas por el Gobierno sobre esta cuestión (la última, el Real Decreto-ley 35/2020) una negociación con el arrendador , con más o menos garantías si se trata de un gran tenedor de inmuebles o no, pudiendo conseguir una moratoria en el pago de la renta o una reducción de la misma en tanto dure el actual estado de alarma, lo bien cierto es que existen casos en que dich...

Puede ocurrir que una vez en trámite un procedimiento contencioso administrativo, la Administración nos notifique otro acto administrativo que guarde cierta relación con el que habíamos impugnado inicialmente. En este caso, no es necesario iniciar un nuevo procedimiento, sino que se podrá ampliar el recurso inicialmente interpuesto si se dan los requisitos establecidos legalmente (véanse los arts. 36 en relación con el 34 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, LRJCA). Para poder efectuar la ampliación, el nuevo acto tiene que ser reproducción, confirmación o ejecución del inicialmente recurrido o debe existir entre ellos "cualquier otra conexión directa" (art. 34.2 LRJCA), esto es, debe tratarse de pretensiones acumulables en un mismo proceso. El demandante deberá solicitar la ampliación del recurso antes de dictarse Sentencia en el procedimiento inicial, y dentro del mismo plazo que existe para interponerlo , esto es, de normal (art. 46.1 LRJ...

El art.110.1.a de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece que en el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112. Esta opción tiene una indudable importancia en la práctica para la empresa, puesto que permite, para el caso de que el despido se declare improcedente, evitar, por un lado, los salarios de tramitación anudados a la opción por la readmisión, y por otro, que la indemnización del despido se calcule, no hasta la fecha de la Sentencia, sino hasta la fecha del despido, diferencia que puede ser sustancial, máxime si tenemos en cuenta los tiempos de respuesta de los Tribunales hoy en día. La cuestión que se podría plantear es, si llegado el caso, ante la incomparecencia del empresario (supuesto no del ...

En el día de ayer, 15 de septiembre de 2020, se publicó la Instrucción 1/2020, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Destacamos que la Instrucción se centra en lograr la restitución temprana de la posesión a los legítimos titulares de la misma , dada la alarma social que está provocando este fenómeno, alarma que no viene justificada, a día de hoy, por la estadística judicial, como veremos. El Código Penal aborda esta cuestión mediante dos tipos penales: 1.- El allanamiento de morada del art. 202, que castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años, si se ejecuta sin violencia o intimidación (apartado 1), y con pena de 1 a 4 años en caso contrario (apartado 2). Este delito es competencia del Tribunal del Jurado (art. 1.1.d LOTJ). En el año 2019 (último con estadística en el INE), hubo 238 condenas en todo el territorio español por este delito, co...